El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha detectado 3.828 viviendas turísticas y de alquiler temporal que operan de forma irregular en Galicia y ha notificado a las plataformas digitales la obligación de eliminar sus anuncios. En el conjunto del Estado, la cifra asciende a 86.275 alojamientos, según los últimos datos difundidos por el departamento que dirige Isabel Rodríguez.
Estas viviendas corresponden a propietarios que habían solicitado el número oficial de registro de alquiler de corta duración, pero no cumplieron los requisitos establecidos para obtenerlo. Desde julio de 2024, este código identificativo, expedido por los Registradores de la Propiedad, es obligatorio y debe figurar en los anuncios publicados en portales como Airbnb, Booking o similares, conforme al reglamento europeo que impulsa un registro único de alojamientos turísticos.
EL FOCO EN GALICIA
Una vez notificados los casos, las plataformas están obligadas a retirar las publicaciones que incumplen la normativa, algo que, según fuentes de Vivienda, puede afectar a anuncios duplicados en distintas webs. La Ventanilla Única Digital del Ministerio permite ya el cruce automático de datos con los grandes portales, facilitando el control de la oferta irregular en tiempo real.
En Galicia, el fenómeno de las viviendas turísticas ha generado un amplio debate político y social. Los últimos informes del Instituto Galego de Estatística apuntan a que la oferta de pisos turísticos autorizados supera ya las 20.000 unidades, con especial presión en las áreas urbanas de A Coruña, Vigo y Santiago. Ayuntamientos como el de la capital gallega o Sanxenxo han puesto en marcha planes para limitar nuevas licencias y frenar la expulsión del vecindario de los centros históricos.
SUBIDA DEL ALQUILER TURÍSTICO
De las 412.253 solicitudes de inscripción presentadas en toda España, 320.620 (el 78%) corresponden a alquiler turístico y las 91.608 restantes (el 22%) a arrendamientos de temporada. El Mivau atribuye la diferencia al auge del turismo de corta estancia, impulsado por plataformas globales y una demanda creciente de vivienda temporal, especialmente en comunidades con fuerte atractivo turístico, como Galicia o las Islas.
El Gobierno central defiende que esta medida protege el mercado de vivienda residencial y mejora la competencia entre operadores. No obstante, asociaciones del sector critican que la regulación actual puede perjudicar a pequeños propietarios y reclaman un sistema de registro más ágil y transparente. Desde la Xunta, por el momento, no se ha realizado una valoración oficial sobre el procedimiento de retirada de anuncios ni sobre la cifra de alojamientos afectados en la comunidad.