Una aula de la EUTS en San Martín Pinario en una imagen del Movemento pola Paz

La protesta está para el próximo martes 10 de febrero a las 11:00 horas, una marcha que partirá desde su facultad y concluirá ante la sede del rectorado en la Praza do Obradoiro. El motivo de este resurgir del descontento es la confirmación de que la publificación total del grado no llegará a tiempo para el curso 2026/2027 como muchos esperaban.

 

El conflicto tiene su origen en la peculiar naturaleza de la Escuela Universitaria de Trabajo Social (EUTS). Aunque el título que expide es oficial de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), el centro es gestionado por una entidad privada vinculada a la Iglesia Católica, la Fundación Santiago Apóstol de Ciencias Sociales. Esta situación obliga al alumnado a pagar tasas propias de un centro adscrito, superiores a los precios públicos, una realidad que choca con el derecho a una educación universitaria universal y accesible. Los estudiantes denuncian que, tras las protestas del pasado invierno, se les había trasladado la esperanza de que la integración sería efectiva en poco más de un año, pero la realidad de los despachos ha impuesto un calendario mucho más lento del deseado.

 

Desde la perspectiva del alumnado, la situación es crítica porque afecta directamente a los bolsillos de las familias trabajadoras. Muchos estudiantes se matricularon o continuaron sus estudios bajo la premisa de que tendrían que afrontar el coste privado solo durante un año más, planificando sus finanzas en base a esa promesa implícita. 

 

La noticia de que los plazos se dilatan por cuestiones burocráticas ha generado una enorme ansiedad entre quienes no saben si podrán permitirse continuar con su formación los años venideros. La sensación generalizada en las aulas es de incertidumbre económica y falta de transparencia por parte de la institución académica, lo que ha empujado a la asamblea a retomar la presión en la calle.

 

Por su parte, la Universidad de Santiago de Compostela intenta calmar las aguas asegurando que la maquinaria administrativa está en marcha, aunque sus tiempos no coincidan con las urgencias estudiantiles. 

 

Fuentes de la institución rectoral consultadas por Galiciapress, argumentan que transformar un centro adscrito en uno propio requiere una serie de pasos formales ineludibles, incluyendo la aprobación de agencias de calidad externas para la modificación de la memoria del título. Además, existe una complejidad laboral añadida, ya que se está analizando cuál es la fórmula jurídica más adecuada para integrar a la actual plantilla de profesorado dentro de los departamentos de la universidad pública. La USC insiste en que la voluntad política existe y que ya se ha enviado la declaración de intenciones pertinente a la Facultad. 

 

No es la primera vez que este colectivo alza la voz. Hace un año, con el apoyo de sindicatos estudiantiles como Erguer o Fervenza y el respaldo del Colegio Oficial de Trabajo Social, ya recorrieron las calles de Compostela exigiendo el fin de este modelo híbrido que gestiona la fundación presidida por el arzobispado. 

 

Aunque la calidad docente del centro nunca ha estado en entredicho, al menos no por parte de la UISC, obteniendo buenas valoraciones en las encuestas de satisfacción, el fondo del asunto es ideológico y material: el derecho a estudiar en la universidad pública sin depender de entidades privadas ni de recintos religiosos. La manifestación del próximo martes servirá para medir si la paciencia del alumnado se ha agotado definitivamente frente a las promesas de las burocracias docentes.

 

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