La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acogió este viernes una reunión de coordinación institucional para abordar los reiterados cortes de tráfico registrados en la autorvía PO-11, que une Marín y Pontevedra, como consecuencia de la subida de las mareas y los episodios meteorológicos adversos de los últimos días.
El encuentro reunió a representantes de los ayuntamientos de Pontevedra y Marín, de las policías locales de ambos municipios, de la Guardia Civil de Tráfico, de la Axencia Galega de Infraestruturas, de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra y de la Demarcación de Carreteras del Estado.
El objetivo principal de la reunión fue optimizar la respuesta conjunta de las administraciones ante una situación que se ha repetido de forma continuada durante esta semana y que ha provocado importantes afecciones tanto a la movilidad ciudadana como al funcionamiento del puerto de Marín, una infraestructura considerada "estratégica" para la economía de la comarca.
Al término del encuentro, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, señaló que existen "dos cuestiones obvias" que enmarcan el problema.
Por un lado, subrayó la imprevisibilidad de la climatología, recordando que en los últimos días se han producido fenómenos atmosféricos simultáneos que han dado lugar a situaciones "nuevas" incluso para los propios técnicos de carreteras del Estado, por su capacidad para interrumpir el tráfico.
Por otro, recalcó que el puerto de Marín-Pontevedra "no puede parar", al tratarse de un elemento central de la actividad económica, la creación de riqueza y el empleo, especialmente en un sector tan competitivo como el transporte marítimo.
Tras analizar distintas alternativas, tanto en materia de comunicación como en soluciones físicas y de ordenación del tráfico, los asistentes alcanzaron un consenso inicial en torno a tres líneas de actuación fundamentales, que deberán ser concretadas técnicamente por los servicios de carreteras de la Xunta y del Estado, así como por los cuerpos policiales.
La primera de ellas pasa por incrementar de forma significativa la señalización de los cortes de tráfico, con el fin de facilitar a los transportistas itinerarios claros y dirigidos hacia el acceso al puerto, evitando que los camiones queden dando vueltas por carreteras inadecuadas que dificultan tanto otros tráficos como su propia movilidad.
La segunda medida acordada consiste en reforzar la presencia policial, tanto de agentes locales de Pontevedra y Marín como de la Guardia Civil de Tráfico, con el objetivo de aumentar la seguridad, garantizar el cumplimiento de las normas y ofrecer mayor confianza a los transportistas.
La tercera línea de actuación se centra en mejorar de manera sustancial la comunicación a la ciudadanía, de forma que los cortes y las reaperturas de la autovía se conozcan en el menor tiempo posible.
Más allá de estas medidas inmediatas, durante la reunión volvió a surgir de manera recurrente la necesidad de abordar una solución estructural para la PO-11.
En este sentido, Losada recordó que existe un estudio ya licitado por el Ministerio, de ámbito estatal, sobre la gestión de obras públicas vinculadas a los fenómenos costeros, aunque se trata de un análisis a medio plazo.
El subdelegado aseguró que desde su ámbito competencial trasladará la "urgencia objetiva" de actuar en esta vía, al tratarse del "cordón umbilical" tanto del puerto como del propio concello de Marín, con el objetivo de ejecutar obras que permitan alejar el trazado de la acción directa del mar.
En cuanto a los desvíos de tráfico, se manejan como opciones la rúa Manuel del Palacio, en el caso de Pontevedra, y la salida desde la vía de circunvalación hacia la vía rápida de Marín, siempre como soluciones puntuales y condicionadas a situaciones de emergencia.
Desde el Ayuntamiento de Pontevedra, la alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, reiteró que la colaboración municipal ante emergencias está garantizada, pero advirtió de que la ciudad no puede convertirse en la alternativa viaria habitual para el tráfico pesado portuario.
Vilaverde subrayó que, aunque el Ayuntamiento entiende la situación puntual y la necesidad de dar salida a los vehículos en momentos de corte por mareas y lluvias, Pontevedra es plenamente consciente de las dificultades que supone introducir tráfico pesado en la trama urbana.
En este sentido, destacó que el desvío por Manuel del Palacio afecta al primer anillo de la ciudad, una vía clave para el funcionamiento de la movilidad motorizada, cuyo bloqueo puede provocar un riesgo real de colapso del tráfico interno.
Por su parte, la alcaldesa de Marín, María Ramallo, agradeció la celebración de una reunión que calificó de "necesaria", tras cinco días consecutivos de cortes en la autovía y los problemas generados.
Ramallo reclamó una mejor comunicación previa a los vecinos, especialmente en las horas punta, para informar de los cierres, así como la implantación de medidas que reduzcan al mínimo el tiempo de interrupción del tráfico y una señalización más eficaz.
La regidora se sumó también a la petición de que estos episodios, cada vez más reiterados, cuenten con una solución técnica a medio plazo.
Desde la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra, su presidente, José Benito Suárez Costa, alertó del grave impacto que los cortes están teniendo en la actividad portuaria.
Según explicó, durante los episodios de cierre se ven afectados en torno a 140 camiones procedentes de distintos puntos de España, Portugal y otros países, lo que repercute tanto en el movimiento de mercancías como en los trabajadores del puerto.
Suárez Costa reclamó sensibilidad por parte de los responsables técnicos y políticos de las infraestructuras viarias para garantizar que el puerto siga funcionando con normalidad y evitar que los transportistas queden atrapados, como ocurrió estos días, en viales no preparados para el tránsito de tráileres, siguiendo indicaciones de sistemas GPS.
La reunión concluyó con el compromiso común de avanzar en la coordinación inmediata y de impulsar, desde cada administración, una solución estructural que permita poner fin a unos cortes que ya no se consideran excepcionales y que amenazan tanto la movilidad como la actividad económica de la comarca.