Según la Fiscalía, los acusados emitieron 511 certificados fraudulentos de pruebas PCR entre octubre y diciembre de 2021, cuando ya no contaban con autorización ni medios para realizar análisis clínicos. A pesar de haber perdido la colaboración de laboratorios externos —que rescindieron los contratos por impagos—, las clínicas siguieron ofreciendo test de coronavirus con “apariencia de legalidad”, mediante publicidad y carteles informativos que daban a los clientes la impresión de trato profesional y autorizado.

 

El Ministerio Público considera que los responsables actuaron “a sabiendas de la falsedad” de los documentos y con el objetivo de lograr un beneficio económico ilícito. Por ello, solicita para ellos condenas por delitos continuados de falsedad documental y estafa, además de multas económicas.

 

Petición de penas y multas

El fiscal reclama seis años de prisión para el considerado responsable último de las clínicas, identificado como el principal acusado. Para el encargado del centro de Vilagarcía pide cuatro años y cuatro meses, mientras que para las dos trabajadoras de ambos establecimientos solicita tres años y medio.

En cuanto a las sanciones pecuniarias, la Fiscalía propone multas que oscilan entre 50 y 15 euros diarios, durante periodos de entre seis meses y un año, según el grado de implicación de cada acusado. El cálculo se realizaría en función de la capacidad económica individual y de la gravedad del delito cometido por cada uno de ellos.

 

Imagen de la 'Operación Xermánica' de la Policía Autonómica que ha desarticulado en Galicia una organización que facilitaba certificados falsos de PCR y test de antígenos.

Además de las penas de prisión y las multas, el ministerio público reclama que los procesados devuelvan el dinero de las pruebas cobradas a los clientes, una veintena de usuarios en total. Cada uno de ellos habría pagado entre 80 y 120 euros por test PCR cuyos resultados —según el escrito de acusación— no se correspondían con pruebas reales.

 

El caso se enmarca en una serie de investigaciones impulsadas en Galicia durante la pandemia por presuntas irregularidades en la emisión de certificados de covid-19. En aquel momento, contar con una PCR negativa era requisito para viajar o acudir a determinados eventos, lo que provocó la aparición de servicios que ofrecían resultados rápidos sin las garantías exigidas por las autoridades sanitarias.

 

Sin autorización ni control sanitario

El informe fiscal subraya que las clínicas involucradas carecían de autorización, infraestructura y capacidad para realizar test diagnósticos, algo que vulneraba la normativa sobre laboratorios clínicos. Pese a ello, continuaron ejerciendo su actividad durante varios meses, sin control sanitario efectivo.

 

Hasta el momento, ninguno de los acusados ha hecho declaraciones públicas sobre el caso, ni se conoce si reconocen los hechos o si cuestionarán la versión de la Fiscalía durante el juicio. Está previsto que las vistas orales se desarrollen en dos jornadas, en las que se presentarán documentos y testificales relacionadas con la facturación y las presuntas pruebas falsas.

 

Este proceso llega en un contexto en que la Xunta y los colegios profesionales sanitarios han reiterado la necesidad de reforzar los controles ante fraudes cometidos durante la emergencia sanitaria. Según fuentes jurídicas, la causa podría convertirse en una de las más relevantes en Galicia sobre suplantación documental de pruebas covid.

 

El fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña se conocerá en las próximas semanas y servirá para determinar si los acusados deberán afrontar las penas solicitadas o si habrá recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Material intervenido por la Policía Autonómicas a una organización que proporcionaba certificados falsos de PCR y antígenos.
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