Un tractor a su entrada a la ciudad por Puerta de Toledo, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España).  

La crisis del campo volvió a mostrar su rostro más visible este miércoles en Madrid. Unos 8.000 agricultores y ganaderos, llegados de toda España, participaron en una multitudinaria tractorada convocada por la Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Reclamaron al Gobierno y a la Unión Europea que detengan los recortes en la futura Política Agrícola Común (PAC) y revisen el acuerdo comercial con Mercosur, que —advierten— amenaza la viabilidad de miles de explotaciones.

 

Desde primera hora, 367 tractores permitidos por la Delegación del Gobierno, menos de los 1.500 previstos, se abrieron paso entre la lluvia por las principales avenidas madrileñas hasta la Plaza de Colón, punto central de la protesta. Allí confluyeron cinco columnas procedentes de Guadalajara, El Espinar, Torrejón de la Calzada, Arganda del Rey y Robregordo. El destino final fue el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde los organizadores depositaron su malestar.

 

Los lemas visibles en pancartas y chalecos —"En defensa del campo que alimenta a Europa" o "No a Mercosur"— resumían las reclamaciones del sector. Muchos manifestantes apelaron directamente a los consumidores: “Nos cuesta más producir y a ti te harán pagar más”, se leía en una de las cartelas. La protesta quiso así trasladar que la crisis de rentabilidad en el campo repercute también en los precios que paga la ciudadanía.

 

Fuentes de la Delegación del Gobierno señalaron que 56 autobuses completaron la llegada de participantes y que, al mediodía, unos 2.500 manifestantes aguardaban en Colón. En Galicia, asociaciones agrarias como el Sindicato Labrego Galego o Unións Agrarias siguieron con atención la jornada, recordando que la pérdida de competitividad afecta especialmente a pequeñas explotaciones familiares, muy presentes en el territorio gallego.

 

Mientras tanto, más de 1.800 agentes de policía y guardia civil garantizaron el buen desarrollo del dispositivo de seguridad. La concentración transcurrió sin incidentes destacados, aunque con tráfico restringido en el eje Recoletos–Prado durante gran parte del día.

 

La amenaza del acuerdo UE-Mercosur

Uno de los puntos más polémicos para los organizadores fue el futuro acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Tanto Unión de Uniones como Unaspi critican que este pacto permitirá importar carne y productos agrícolas con estándares medioambientales y sanitarios inferiores a los europeos, lo que presionará aún más los precios de los productores nacionales.

 

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, celebró la movilización y pidió a los grandes partidos “que escuchen al campo”. Denunció que ni el Partido Popular ni el PSOE están protegiendo al sector y alertó de que el acuerdo puede abrir la puerta a productos “que no cumplen las mismas normas que los nuestros”. A su juicio, “los agricultores y ganaderos se juegan mucho” y la protesta busca “que los consumidores también tomen conciencia”.

 

En la misma línea, el presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, remarcó que las “políticas europeas y la Agenda 2030” amenazan la supervivencia del sector primario. Consideró que “la puntilla” vendría si se aprueba el acuerdo Mercosur. Sus palabras reflejan un descontento que ha unido a organizaciones y autónomos rurales, aunque no todas las grandes asociaciones agrarias —como Asaja, COAG o UPA— se sumaron oficialmente a la convocatoria.

 

En Galicia, la tensión en el campo también crece. Las explotaciones ganaderas gallegas afrontan un incremento constante en los costes de producción, agravado desde la guerra de Ucrania y la subida de los piensos y la energía. Voces del sector denuncian que la Ley de la Cadena Alimentaria sigue sin garantizar precios justos, y que la brecha entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor sigue aumentando.

 

Además, los recortes de la PAC preocupan especialmente en las provincias de Lugo y Ourense, donde muchos jóvenes agricultores ven inviable el relevo generacional por falta de apoyo económico y exceso de burocracia. También reclaman la actualización de los protocolos sanitarios y veterinarios, que aún dificultan la gestión de enfermedades en el ganado y la comercialización.

Los manifestantes insisten en que no se trata solo de una reivindicación laboral. Piden que el campo sea una cuestión de Estado y que se reconozca su papel esencial en el abastecimiento de alimentos, el equilibrio territorial y la lucha contra el despoblamiento rural.

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