Dos leyes, una del año 2007, y la de  Libertad Sexual del 2022, obligan a todas las formaciones políticas, para  prevenir, detectar y combatir la violencia machista en las citadas organizaciones. Es cierto que todas ellas, y en distintas fechas, disponen de un protocolo antiacoso, salvo el Partido Popular, pero casos como el de Nebenka Fernández o como el de Mouliaá, ambos vinculados a líderes que están en las antípodas ideológicas, son estos dos claros ejemplos, entre una retahíla de ellos, que independientemente de la existencia de los protocolos antiacoso, de los estatutos de los partidos o de sus reglamentos de régimen disciplinario, de cómo muchos casos quedan en papel mojado, ya que en un gran número de situaciones, a los propios dirigentes y aparatos de los partidos no les interesa activar los instrumentos y mecanismos internos para esclarecer las situaciones de acoso sexual, dándose por enterados estos una vez que las víctimas ya denunciaron, y salieron a la luz pública a través de los medios de comunicación. 
 
Según distintas fuentes, como el sindicato Comisiones Obreras, que sitúan un aumento del 8,6 % de los casos contra la libertad sexual, en el segundo trimestre del año 2025, comparado con 2024, dando un total de 1.582 casos. Dejando los fríos datos de lado, el perfil machista, se da en cualquier ámbito social. La igualdad, es entender que las relaciones por naturaleza deben ser consentidas por ambas partes, sin que exista un predominio de una parte sobre la otra, cuando además una de ellas es la más débil. 
 
Todas las formaciones políticas deben aplicar las leyes, y sus propios estatutos al menor indicio de sospecha, la grabación entre una exconcejala del Partido Popular en Móstoles, no es nada gratificante, ni ejemplar, cuando son desde determinados cargos de la citada formación en la Comunidad de Madrid, el que la hagan desistir de su denuncia ante los órganos del partido. También es cierto, que por causas parecidas a las anteriormente citadas, y sin entrar a fondo, el juzgado de instrucción número 2 de Ferrol, archivó la causa contra el ex conselleiro Alfonso Villares, pendiente de lo que dictamine ahora la Audiencia Provincial de A Coruña. 
 
Si queremos una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, tendremos que educar desde la infancia, y reeducar aquella parte de la sociedad, que considera a la mujer, como simple objeto de deseo, y también dejar actuar a la justicia, sin hacer juicios paralelos, que muchas veces solo conducen a una visión parcial y de parte, causando el efecto contrario a lo que se pretende con la igualdad efectiva entre ambos sexos. 
 
La paridad debe existir en todos los órdenes de la vida, solo basta que como sociedad evolucionemos en esa dirección, aplicando las leyes y la propia Constitución, en particular su artículo 14, que es muy clara en relación con la no discriminación por razón de raza, sexo o religión. La aplicación de las leyes, de los protocolos antiacoso, y régimen disciplinario de los partidos políticos, deben de ser el primer mecanismo, para que no se den situaciones como la de Mouliaá, en el caso de Iñigo Errejón o el de Nebenka Fernández, en el caso del Partido Popular. Será cuestión de apartar a los machistas de las formaciones políticas.
 
No son las ideologías ni las siglas, si no saber educar en la tolerancia, y respeto desde el entorno familiar, asumiendo que tu propia condición biológica, no te da derecho a ser el propietario de nadie, ni tratar a la mujer como un jarrón chino, valorando en ellas, aquellas virtudes que le son propias, y complementarias con las del hombre. 

 
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