La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha remitido una carta formal a la Comisión Europea en la que denuncia que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aún no ha trasladado a las instituciones europeas los datos actualizados sobre el estado de conservación de la especie.

Según denuncia, esta "reiteración en la no remisión de datos puede generar inseguridad jurídica y dificultar el cumplimiento efectivo del Derecho europeo". Por ello, ha solicitado a Bruselas que actúe con firmeza para exigir "transparencia y cumplimiento normativo" al Gobierno.

Entre otras cuestiones, avisa de que "la ausencia de un censo actualizado y científicamente verificado" de las poblaciones de esta especie impide evaluar "con rigor" su situación real en España y "condiciona" la adopción de decisiones proporcionadas. "No pueden exigirse nuevos sacrificios al sector ganadero sin una base científica sólida y actualizada que garantice el equilibrio entre conservación de la biodiversidad y viabilidad económica", destaca.

Además, ha manifestado que espera que la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, aclare este jueves durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta para la Unión Europea (UE) cuál es la posición de la Comisión Europea ante el "incumplimiento" del Gobierno en relación con este tema.

"(ASAJA) confía en que la comparecencia de mañana sirva para reafirmar que las políticas ambientales europeas deben basarse en datos oficiales actualizados y en el estricto cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros. Sin datos no hay evaluación rigurosa, y sin evaluación rigurosa no puede haber decisiones proporcionadas", ha recalcado.

La organización ha indicado que los daños del lobo al ganado han aumentado "casi un 20%" en el Principado de Asturias desde la entrada de la especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021. De acuerdo con los datos autonómicos oficiales, se ha pasado "de 2.721 cabezas muertas a 3.257 en 2024, (...) el dato más alto desde 2017".

Por su parte, Castilla y León registró "3.979 ataques y 5.985 cabezas muertas" en 2024, lo que "supone un nuevo repunte respecto a ejercicios anteriores". "Estos datos, aunque proceden de dos comunidades concretas, reflejan una tendencia que se está extendiendo en el conjunto del territorio: más ataques, más animales muertos y mayor presión sobre las explotaciones ganaderas", ha criticado la organización.

El Gobierno tenía hasta el 31 de diciembre para presentar los datos de las 'Directivas de la Naturaleza' (la de las Aves, algo que ya hizo; y la Directiva Hábitats, donde está incluido el lobo), según confirmó en declaraciones a Europa Press en ese momento el portavoz de medioambiente de la Comisión Europea, Maciej Berestecki.

A finales de enero, la Comisión Europea abrió un expediente de infracción contra España por no haber entregado el informe que exige la Directiva sobre los hábitats, un documento que los Estados miembro deben remitir periódicamente para evaluar el estado de conservación de especies y ecosistemas protegidos. El procedimiento se ha iniciado con el envío de una carta de emplazamiento a las autoridades españolas, el primer paso formal del proceso.

Sin embargo, desde Transición Ecológica precisan que hay varios factores que alteran "de manera significativa" los datos de distribución y estado de conservación y aconsejan una actualización rigurosa del texto antes de su envío.

Por su parte, ha señalado que no ha enviado "por el momento" el informe sexenal del lobo a la UE por "criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica". "En su estado actual, no ofrece todavía una base científica solvente", señalaron a Europa Press fuentes del organismo.

POWERED BY BIGPRESS