Empleados de Alten durante una concentración frente al centro de producción de BorgWarner, en el Parque Empresarial Porto do Molle, en Nigrán, Pontevedra, Galicia (España).


Desde el mediodía de este lunes, decenas de empleados de Alten se concentran ante las puertas de BorgWarner con una gran pancarta en la que puede leerse “Contra el fraude en la contratación en BorgWarner”. El encierro de parte de la plantilla comenzó el pasado jueves y continuará de forma indefinida mientras la empresa no retire los despidos y amenazas, según confirmaron fuentes sindicales.

 

Los sindicatos advierten de que la situación en Alten no es un caso aislado, sino reflejo de un modelo de externalización generalizado que, en su opinión, debilita los derechos laborales en la industria gallega.

 

El conflicto afecta directamente al parque empresarial de Porto do Molle, uno de los polos industriales más importantes del sur de Galicia, donde BorgWarner fabrica componentes para la industria automovilística. A través de Alten, empresa de servicios de ingeniería y externalización con sede en Madrid, se cubren varios puestos técnicos clave en la planta.

 

El enfrentamiento entre trabajadores y empresa se agudizó tras un dictamen de la Inspección de Trabajo emitido en 2024, que concluyó que Alten incurría en cesión ilegal de trabajadores hacia BorgWarner. A raíz de esa resolución, buena parte del personal afectado presentó demandas en los juzgados para reclamar su incorporación directa a la plantilla principal de la multinacional.

 

Según denunció la CIG, que respalda la movilización, la dirección de Alten inició el pasado mes de enero una “campaña interna de presiones y amenazas” dirigida contra los empleados que mantuvieron las acciones legales. Desde el sindicato gallego acusan a la empresa de intentar condicionar a los trabajadores para que retiren las denuncias.

 

En el centro de la disputa se encuentran cuatro despidos recientes, que, según la organización sindical, responden a un intento de intimidar al resto de compañeros. Además, otros siete empleados habrían sido advertidos de que sus proyectos podrían darse por terminados si no desisten en sus demandas judiciales.

 

Para la CIG, estas medidas buscan imponer un modelo de precariedad laboral en lugar de reconocer los derechos laborales dictaminados por la autoridad laboral. “Cuando se acercan los primeros juicios, las compañías optan por la presión y la amenaza”, denunció el sindicato mediante un comunicado difundido este fin de semana.

 

Reacción pendiente de las empresas

Ni Alten ni BorgWarner han emitido por el momento declaraciones públicas sobre la huelga ni sobre las acusaciones vertidas por los empleados y la CIG. En anteriores ocasiones, tanto la multinacional como sus subcontratas han justificado la subcontratación como práctica habitual en el sector de la automoción y necesaria para proyectos altamente especializados.

 

El conflicto, que ahora deriva en huelga indefinida, podría tener repercusiones en la actividad industrial del área de Vigo.

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