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La Plaza 2 de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense ha admitido las medidas cautelares solicitadas por la asociación de comerciantes de la Plaza de Abastos número 1 de Ourense, suspendiendo así el acuerdo del Ayuntamiento de la ciudad -- aprobado en Junta de Gobierno el pasado 27 de noviembre -- que requería que estos abandonasen el espacio público de la Alameda, en el que se encuentra el edificio provisional.

Según se recoge en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, dicha medida queda condicionada al abono de una caución por parte de la asociación por importe del canon, "debidamente actualizado", así como "una suma anual adicional que se cifra en un 50% del anterior".

En concreto, tal y como ha matizado el letrado de los placeros consultado por Europa Press, la cantidad solicitada asciende a 50.000 euros, después de que la Administración local solicitase un total de 2.959.212 euros, mientras que la asociación de comerciantes fijaba el importe en 47.000 euros.

OTROS ARGUMENTOS
En este sentido, el juez ha considerado que la resolución emitida por el Ayuntamiento de Ourense "produce, o podría producir, perjuicios de imposible o difícil reparación", dado que dicho acuerdo "supondría la inmediata paralización de la actividad económica de los comerciantes".

"Es una cuestión no discutida el que, al menos en el momento actual, el edificio de la Plaza de Abastos no está en condiciones de ser ocupado por aquellos", ha añadido el magistrado, que ha recalcado que estos "no se han ubicado en la Alameda de forma caprichosa o arbitraria", sino que la Administración "fue la que eligió ese lugar unilateralmente a sabiendas de que, como en cualquier otro tipo de contrato de obras, podían surgir impedimentos o interpretaciones que demorasen los plazos previstos".

"Poner fin al único o principal medio de vida de diferentes comerciantes, podría suponer un perjuicio de muy difícil reparación, ya que, durante varios años, se habrían visto privados de parte o de toda fuente de ingresos para subsistir", ha considerado.

Con todo, el juez ha destacado que "entiende la posición" del gobierno municipal, liderado por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, en relación a que "si se mantiene la situación actual, los comerciantes no tendrán ningún incentivo para regresar a su ubicación originaria", al subrayar que "no consta que los ingresos de los mismos hayan disminuido por el nuevo emplazamiento".

"Es evidente que no es deseable que se siga produciendo de forma indefinida la ocupación gratuita por los recurrentes del parque de la Alameda cuando existe un espacio específico destinado a su actividad comercial, por ello debemos tratar de conjugar la tutela cautelar otorgada con el interés público en que dicho parque quede expedito", ha considerado.

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