Concentración por la Protección Constitucional das Pensións frente al Parlamento de Galicia.jpg

La entidad promotora del acto, la MERP, agrupa a más de 500 organizaciones de todo el país, incluyendo una cuarentena radicadas en Galicia. Entre ellas figuran sindicatos como USO, GHESTA y FeSP, plataformas sociales, asociaciones vecinales, colectivos LGTBI+ y entidades por el derecho a la vivienda. Su objetivo común: lograr que la protección de las pensiones públicas sea reconocida en la Constitución como un derecho fundamental.

 

En el encuentro celebrado frente a la Valedora do Pobo, los portavoces de la MERP destacaron que la campaña ha logrado reunir ya más de dos millones y medio de firmas en todo el Estado, “la causa social con mayor respaldo ciudadano en las últimas décadas”, según la organización. En los últimos días, las entregas se han repetido ante los defensores del pueblo de comunidades como el País Vasco, Asturias, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia o Canarias.

 

Desde Galicia, la movilización ha sumado respaldo de colectivos de mayores, sindicatos y asociaciones cívicas que subrayan la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones frente al encarecimiento del coste de vida y el avance de modelos privados. Aunque el Gobierno central ha defendido en varias ocasiones que el sistema actual “es sostenible y solidario”, la MERP insiste en que solo una reforma constitucional ofrecería una protección real “contra recortes o privatizaciones futuras”.

 

El acto coincidió con la publicación del primer manifiesto jurídico que respalda la propuesta. El texto, firmado por un centenar de expertos y juristas de reconocido prestigio, afirma que el sistema público de pensiones es “un pilar esencial de cohesión social” y exige que su garantía pase a formar parte del núcleo de derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna.

 

Respaldo de peso académico y social

Entre los firmantes del manifiesto se encuentran figuras destacadas del Derecho Constitucional como Javier Pérez Royo, José Asensi Sabater y Miguel Ángel García Herrera, así como juristas conocidos por su trayectoria judicial o política, entre ellos Baltasar Garzón, Cristina Almeida, Diego López Garrido o Manuela Carmena. Los expertos advierten de que el sistema público “debe mantenerse íntegramente público” y garantizar “la igualdad y la dignidad” tanto de los pensionistas actuales como de las próximas generaciones.

 

El documento incide también en el contexto político y social de los últimos años, con debates abiertos sobre la sostenibilidad del sistema y las reformas exigidas desde la Unión Europea. La MERP considera que la protección constitucional sería un paso decisivo para blindar el modelo de bienestar social construido durante décadas mediante cotizaciones laborales y solidaridad intergeneracional.

Llamamiento al Congreso y al Gobierno

El manifiesto concluye con una petición directa al Congreso de los Diputados y al Gobierno español para que impulsen una reforma constitucional que garantice de forma explícita la protección de las pensiones públicas. Los firmantes sostienen que dicha reforma “no es una propuesta partidista, sino una exigencia democrática” que debería unir a todos los grupos políticos.

 

Hasta el momento, ni el Ejecutivo central ni los principales partidos del arco parlamentario se han pronunciado sobre esta nueva oleada de movilizaciones. Desde la MERP, las próximas semanas estarán dedicadas a seguir recopilando apoyos y llevar su propuesta al debate público en el Congreso. En Galicia, las organizaciones integrantes anuncian nuevas acciones de sensibilización en A Coruña, Vigo y Ourense durante el mes de abril.

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