La concentración se ha desarrollado frente a las oficinas centrales del grupo en la calle Casares Quiroga de A Coruña, continuando un ciclo de acciones sindicales impulsado por la CIG ante la persistente falta de liquidez de la compañía. Los trabajadores llevan cuatro meses sin recibir sus retribuciones, lo que se acerca ya al quinto, según denuncia Xosé Anxo Sánchez, presidente del comité en la planta de Curtis. Esta situación genera un estrangulamiento económico para cientos de hogares en comarcas dependientes de la industria maderera, clave para la economía local.
La dirección empresarial no ha facilitado detalles precisos sobre iniciativas que aseguren la permanencia de la producción, dejando en el aire los casi 200 puestos directos en las factorías gallegas de Curtis y Vilasantar. Sánchez ha criticado la ausencia de un esquema sólido que preserve estos empleos, esenciales en un sector que ha sido pilar del desarrollo rural gallego durante décadas.
Apoyo político desde Madrid y Santiago
Recientemente, el BNG logró aprobar en el Congreso una moción que urge al Ejecutivo central a intervenir mediante la SEPI en la elaboración de un programa viable para el grupo, recordando las ayudas públicas recibidas durante la pandemia, como 21,6 millones en préstamos participativos, 13,4 millones ordinarios, 7 millones del Igape y 19 millones en avales ICO, más 35 millones de la SEPI vía fondo de solvencia post-COVID. La propuesta, impulsada por el diputado Néstor Rego, también busca mecanismos contra la deslocalización de firmas con subvenciones estatales y canales de diálogo con la Xunta, comités y dirección
Por otra parte, el Parlamento gallego respalda un plan conjunto, instando al Gobierno a liderar la viabilidad y a la Xunta a reunirse con los representantes obreros, en un consenso que refleja la alarma por el riesgo de colapso industrial. El PSdeG ha enfatizado las competencias autonómicas en empleo, criticando la pasividad de la Xunta, mientras nacionalistas y otros grupos exigen acción coordinada. La empresa no ha emitido pronunciamientos recientes sobre estas demandas.
La última comunicación de la gerencia alude a la preparación de un nuevo plan de refinanciación de la deuda, previsto para exponer ante el Juzgado de lo Mercantil la próxima semana, aunque los sindicatos lo califican de impreciso y sin garantías operativas. Antecedentes judiciales, como la estimación parcial de impugnaciones por la Audiencia de A Coruña en 2025, complican el proceso, con un preconcurso que vence el 29 de abril y posibles concursos de acreedores en el horizonte.
En Tableros Losán, la deuda supera las tres nóminas más la extra, con quejas por opacidad y promesas rotas que empujan a algunos a valorar la ruptura contractual. UGT reclama intervenciones de Castilla y León y SEPI para la planta zamorana, pero insiste en que el futuro pende de financiación privada y bancos, sin descartar recuperación de empleo allí, aunque el panorama general permanece opaco.
La Diputación de A Coruña ha avalado declaraciones institucionales por los 200 empleos gallegos, y alcaldes como el de Curtis alertan del impacto en proveedores y auxiliares. La Xunta ha mantenido encuentros, pero los comités reclaman más implicación práctica.
Este pulso laboral subraya la vulnerabilidad del sector maderero gallego, con Losán como segunda mayor productora, facturando 343,6 millones en 2022 con beneficios entonces, pero está ahora en crisis profunda.