El director xeral de Loita contra a violencia de xénero, Roberto Barba, ha defendido este jueves que Galicia es la única comunidad que lleva 20 años de manera interrumpida ofreciendo una prestación económica a víctimas de violencia de género, una ayuda de la que se pueden beneficiar víctimas de trata desde 2016, pero que el responsable autonómico no ve "de recibo" que la reciban personas en situación irregular.
Así lo ha respondido este jueves en la Comisión 5ª de Sanidade a preguntas del Grupo Socialista, que ha criticado que la residencia legal sea un requisito para acceder a estas ayudas, ya que, con ello, "se elimina de facto el 90% de las víctimas de trata", que suelen ser "mujeres extranjeras en situación irregular".
Este requisito, ha dicho Roberto Barba, "tiene como finalidad que la víctima de violencia de género o trata posea alguna vinclación con Galicia", evitando, así, "duplicidades con ayudas". Asimismo, ha señalado que es necesario "supervisar la trazabilidad de ese dinero cuando se entrega".
"Cuando da una ayuda directa a una víctima, no resulta de recibo que se conceda a una persona en situación irregular en el país", ha dicho Roberto Barba, para quien la Administración "no puede trabajar con documentación cero". La solicitud "tiene que ir presidida, al menos, con documentación administrativa que acredite quien es la víctima y donde reside", ha explicado el director xeral.
"Si concedemos ayudas directas a víctimas sin documentación, perderíamos el vínculo con esa víctima y la capacidad de seguimiento", ha zanjado.
Roberto Barba ha explicado que en los últimos veinte años, el Gobierno gallego invirtió más de 65 millones de euros de fondos propios para ofrecer esta ayuda económica a todas las mujeres víctimas de violencia machista en Galicia.