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El pleno aprueba la moción de PSOE para un plan de infraestructuras viarias y la modificación del PXOU para cambiar el uso de dos parcelas de equipamiento religioso

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (DO), ha afeado este vienres, en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Ourense, el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia --ratificado por el Tribunal Supremo-- que lo condenaba por vulnerar los derechos a la participación política de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Natalia González, al interrumpirla y quitarle la palabra en un pleno en 2023.

"Creo que no cometí para nada ninguna infracción. ¿A quién van a creer, a la jueza, a Natalia o a mí?", ha trasladado el regidor tras la lectura --por parte del secretario del pleno, Francisco Cacharro-- de la sentencia emitida por el alto tribunal gallego, y ha recalcado que la magistrada "reproduce íntegramente lo que pedía el fiscal, que era de libre designación del PSOE".

Asimismo, Pérez Jácome ha desgranado que, durante el pleno extraordinario del 26 de octubre de 2023, la portavoz socialista "se fue por las ramas" en lugar de "justificar su voto", por lo que, como regidor, "tenía la potestad de quitarle la palabra". "Yo le dije 'no desbarre más, justifique el voto'. La cuestión la defendió una funcionaria, yo me despreocupé porque lo consideré una chorrada, y fue mal defendido", ha añadido.

En concreto, la sentencia condena al alcalde a "estar y pasar" por la declaración, así como a publicarla en la web oficial de la Corporación Local, "con acceso público a ella", y a que "proceda a su lectura íntegra" en el primer pleno que se celebre tras el fallo estimatorio. Asimismo, el Tribunal Supremo --que inadmitió el recurso de casación presentado por la administración local-- fijaba también el abono de las costas procesales, que ascienden a 1.000 euros más el IVA correspondiente.

RESPUESTA SOCIALISTA
Por su parte, la portavoz socialista y querellante, Natalia González, ha agradecido al secretario tras la lectura de la resolución judicial, al tiempo que ha acusado al alcalde de ser "un cobarde". Celebra el fallo como "un paso para recuperar la justicia, la democracia y la igualdad".

"Siento que sea tan cobarde, señor alcalde. Le voy a dar el turno de palabra para que pida perdón, para que se disculpe y sea, por una vez, valiente, y reconozca que vulneró mis derechos fundamentales, y también los de muchos otros compañeros de esta corporación, abusando de su poder, como miente y pervierte la información desde esa silla de la que, seguramente, no debería ser merecedor", ha añadido.

Ante dichas declaraciones, Jácome ha criticado a la socialista por llamarlo "cobarde" en el marco de una sentencia que lo condena "por usar palabras impropias", y ha apuntado, también, al portavoz del BNG municipal, Luís Seara, por llamarlo "puto fascista", después de que el regidor calificase al grupo nacionalista como "putos comunistas". "Fascista es un insulto, comunista no", ha subrayado.

OTROS ASUNTOS DE PLENO
Todo ello en una sesión plenaria en la que se ha aprobado, con los votos favorables de PSOE y PP y la abstención de DO y BNG, la puesta en marcha de un plan integral de control, mantenimiento y reforma de infraestructuras viarias. Se trata de una moción socialista impulsada a raíz de la apertura de un socavón en la calle Pena Trevinca el pasado 27 de enero, tras varias jornadas de lluvias en la provincia.

Tal y como ha explicado el concejal de Urbanismo, Francisco Lorenzo, la apertura de dicha vía se produjo tras haber anulado un corrector de la red de abastecimiento "de manera deficiente". "En su momento, el conector se tapó con hormigón. Es una auténtica barbaridad", ha afeado el edil de DO, y ha apuntado al PSOE local, criticando como "tremendamente atrevido dar lecciones de gestión".

También la segunda moción socialista "por un Ourense en femenino" ha sido aprobada en pleno, esta vez por unanimidad, encaminada a "elaborar y aprobar un Protocolo municipal frente a la violencia y al acoso machista", así como "integrar la perspectiva de género en todas las políticas municipales" o "promover campañas municipales de sensibilización e información", entre otras cuestiones.

En esta línea, la sesión plenaria ha aprobado también la moción popular para "luchar contra la soledad no deseada en personas mayores" de la ciudad, con los votos favorables de PP, PSOE y BNG, y la abstención del grupo de Gobierno, con el objetivo de "realizar un diagnóstico de la situación" de dicha problemática en Ourense, así como aprobar una "estrategia municipal transversal" frente a esta, entre otros.

Finalmente, el pleno ha aprobado, con los votos favorables de populares y DO, y las abstenciones de socialistas y nacionalistas, la modificación puntual del PXOU de 1986 para el cambio de uso de dos parcelas de equipamiento religioso --pertenecientes a la Diócesis-- a equipamiento sanitario-asistencial, en base a la iniciativa del hospital privado Recolectas.

Con todo, la iniciativa ha sido aprobada entre críticas de BNG y PSOE. Los primeros han trasladado dudas con respecto a la necesidad de determinar el "uso básico al que se orienta" dicha modificación, "o sanitario o asistencial", así como la "razón de interés público que motiva" dicho cambio de equipamiento. "Para engordar la sanidad privada hay que adelgazar la pública, y creo que es una de las cuestiones que subyacen de esta iniciativa", ha trasladado el portavoz nacionalista, Luís Seara.

Por su parte, socialistas han apuntado al Gobierno municipal por "optar por procedimientos rápidos para lo que le interesa", y ha señalado que la ciudad "necesita profesionales sanitarios o mejorar los servicios, más que infraestructuras". "¿Cuál es el criterio para trámites ágiles entre unos u otros?", ha preguntado la concejala socialista María Fernández.

Sin embargo, la moción nacionalista relativa a la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles y la reglamentación del procedimiento de declaración de vivienda desocupada ha sido rechaza con el voto en contra del PP, que han criticado a nacionalistas por trasladar una moción "intervencionista" que "afecta negativamente a la propiedad privada y al mercado de la vivienda". "La propiedad privada no se garantiza sancionando y castigando al propietario, sino garantizando seguridad jurídica", ha trasladado la edil popular Sonia Ogando.

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