La Universidade de Santiago de Compostela (USC) propone revisar y homogeneizar las aportaciones económicas de los usuarios del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Galicia. El objetivo, según el informe encargado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), es asegurar la igualdad y el acceso al servicio, dado que actualmente dos personas con la misma renta y patrimonio pueden pagar cantidades muy diferentes por el mismo número de horas según el municipio en el que viven.
Diferencias entre concellos
El estudio, titulado A reforma necesaria do financiamento local y elaborado por las profesoras de Economía María Cadaval y Carmen Sánchez Carreira, advierte de una situación desigual derivada de la autonomía municipal. Cadaval explicó que la normativa permite a los ayuntamientos financiar el SAF mediante tres vías: aportaciones de la Xunta, fondos municipales y pagos de los usuarios. Esa libertad provoca que existan hasta 313 métodos distintos de cálculo, uno por cada concello gallego, lo que se traduce en una fuerte disparidad territorial.
Además, la economista apuntó que los gobiernos locales tienden a reducir la aportación exigida a las personas beneficiarias, de manera que su peso en la financiación ha ido disminuyendo. El informe constata que entre 2018 y 2024 la Xunta incrementó progresivamente su participación hasta cubrir el 62% del coste del servicio (12 euros por hora), mientras que los ayuntamientos asumieron el 26% (5 euros por hora). Las familias, en cambio, solo aportaron una media del 12% (2,3 euros).
Propuesta de un modelo común
El documento sugiere “estandarizar los servicios y las condiciones de prestación” del SAF, tal como ya prevé el decreto de 2012 que regula el copago y el catálogo de servicios. La USC aboga por definir con precisión qué prestaciones deben ser cofinanciadas por la Xunta y los concellos y cuáles deben quedar fuera de esa financiación, de modo que los municipios solo amplíen las prestaciones si lo hacen con recursos propios. “Debe existir una columna vertebral básica que financie la Xunta”, subraya el análisis.
El informe considera que la situación demográfica de Galicia, marcada por el envejecimiento, convierte a la comunidad en un “laboratorio de innovación” para diseñar políticas públicas de cuidados. Este modelo podría servir de referencia para otras regiones con estructuras poblacionales similares.
Una revisión más amplia del sistema local
El trabajo, coordinado por los economistas Xoaquín Fernández Leiceaga, Javier Suárez Pandiello y Santiago Lago Peñas, propone también una reforma integral de la financiación local. Plantea revisar la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado y de la Xunta, incorporar criterios que reflejen el impacto del turismo en las cuentas públicas y adaptar la gestión de residuos y agua a las nuevas demandas sociales y medioambientales.