Vigo se suma a la ofensiva contra Audasa y reclama 138.345 euros de IBI impagado de la AP-9
sábado, 14 de marzo de 2026, 19:08
El Concello de Vigo ha anunciado este sábado que reclamará a Audasa 138.345 euros correspondientes al IBI que dejó de ingresar entre agosto y diciembre de 2023, cuando la compañía siguió aplicando una bonificación fiscal del 95% que había expirado en agosto de ese año. El alcalde vigués, Abel Caballero, fue contundente en un audio distribuido a los medios: "Vamos a cobrarles hasta el último céntimo".
Esa bonificación del 95% sobre el IBI que disfrutaba Audasa tiene su origen en una norma del régimen franquista de 1972, pensada para incentivar la construcción de infraestructuras. La exención se prolongó durante décadas, incluso después de que la gestión de la autopista pasara a manos privadas en 1998. Su extinción estaba fijada con precisión de cirujano: el 19 de agosto de 2023, según establece el Real Decreto 173/2000, que recoge el convenio de ampliación de la autopista. Pese a ello, Audasa siguió descontándose ese privilegio fiscal durante los últimos meses de ese ejercicio.
Caballero subrayó que la propia empresa reconoció implícitamente el error al abonar correctamente el impuesto en 2024 y 2025, por lo que no cabe alegar desconocimiento. "Este retraso lo va a pagar a tocateja", concluyó el regidor. Audasa no se ha pronunciado públicamente sobre la reclamación de Vigo.
La sentencia de Valga allana el camino
El anuncio de Vigo llega exactamente una semana después de conocerse un fallo judicial pionero que da la razón al Ayuntamiento de Valga (Pontevedra) en una disputa similar. La sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Pontevedra resolvió el 2 de marzo que Audasa debe pagar los 59.284 euros que le reclamaba ese municipio por el mismo periodo. La sentencia es especialmente relevante porque afirma que la empresa sabía con antelación suficiente, tal y como marca el Real Decreto, que la bonificación solo era aplicable durante la parte proporcional del año anterior al 19 de agosto de 2023.
La historia de Valga comenzó en mayo de 2024, cuando su alcalde, José María Bello Maneiro, emitió una resolución reclamando ese importe. Audasa interpuso un recurso contencioso-administrativo, que el tribunal ha desestimado ahora. Aunque la sentencia todavía es susceptible de apelación, Bello Maneiro la celebró como un espaldarazo para el conjunto de los municipios del trazado: "Abre camino para el resto", declaró, invitando a otros concellos afectados a seguir sus pasos.
El alcalde de Valga pertenece al PPdeG, lo que indica que la presión sobre Audasa trasciende las fronteras partidarias y aglutina a regidores de distinto signo político en toda Galicia.
Un frente autonómico que crece
La ofensiva municipal tiene ya dimensiones autonómicas. La AP-9 atraviesa 38 concellos gallegos, y las reclamaciones se han ido extendiendo a lo largo del último año. La Diputación de A Coruña anunció en marzo de 2025 que exigiría a Audasa 1,3 millones de euros correspondientes al IBI de esos meses de 2023 en los 18 municipios coruñeses que tienen delegada la gestión tributaria en la institución provincial. Su presidente, Valentín González Formoso, puso en perspectiva el alcance de la medida: la liquidación del 100% del IBI de 2024 ya supuso que esos ayuntamientos pasasen de ingresar apenas 189.000 euros a casi 3,8 millones de euros anuales.
La Diputación de Pontevedra también se sumó a la reclamación de los atrasos de 2023, cifrando en 700.000 euros la cantidad pendiente en los municipios con recaudación delegada en el ORAL. Su presidente, Luis López, señaló que "los tiempos del privilegio han terminado". En este contexto, el anuncio de que Audasa cerró 2024 con unos beneficios de 90 millones de euros, su mejor resultado histórico, ha alimentado aún más el malestar institucional y ciudadano en una comunidad donde los peajes de la autopista siguen siendo un motivo de controversia permanente.
El peso de la deuda histórica
La dimensión del conflicto supera con creces los importes individuales de cada municipio. Según estimaciones de la propia Diputación de A Coruña, los 18 concellos coruñeses habrían pasado de cobrar 175.000 euros conjuntos a más de 3,7 millones de euros una vez eliminada la bonificación. Audasa, por su parte, había estimado en su momento que el pago del IBI íntegro en los 38 concellos del trazado le supondría unos siete millones de euros anuales.
La sentencia de Valga y la reclamación de Vigo abren ahora una nueva fase en este conflicto. Desde Abegondo, donde los alcaldes de la AP-9 se reunieron hace meses para coordinar su estrategia, ya se advertía que, más allá del IBI atrasado, quedaría pendiente una revisión catastral de la infraestructura para actualizar unos valores que en muchos casos datan de 2007 y no reflejan las ampliaciones y mejoras ejecutadas en los últimos años. Audasa no ha respondido a las peticiones de valoración sobre el conjunto de estas reclamaciones.