El Supremo rechaza querellas contra el Gobierno por los incendios, la dana y los guardias asesinados por una narcolancha
martes, 17 de marzo de 2026, 13:55
El Tribunal Supremo ha rechazado varias querellas contra el Gobierno por los incendios forestales del pasado verano, la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y los dos agentes de la Guardia Civil asesinados por una narcolancha en Barbate (Cádiz).
Según tres autos, recogidos por Europa Press, la querella sobre los incendios fue presentada por Vox, mientras que las otras dos procedían de la asociación Libertad y Justicia. El Supremo desestima las tres al no apreciar indicios de ningún delito en ellas.
Vox se dirigía contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y tres ministros --el del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la de Defensa, Margarita Robles, y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Sara Aagesen-- por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y otros tras los incendios registrados en distintas zonas del país.
En este caso, la Sala de lo Penal acuerda inadmitir a trámite esa querella al limitarse a "la atribución de responsabilidad criminal por el mero desempeño del cargo, sin individualización de las actividades delictivas concretas de las personas aforadas".
"No hay documentos de donde deducir la responsabilidad penal de los aforados, a pesar de concurrir un inmenso daño en la masa forestal de nuestro país", indica.
La querella del partido de Santiago Abascal también iba contra los presidentes autonómicos y otras autoridades de Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Galicia y Asturias, así como contra la directora general de Protección Civil, sobre los que el alto tribunal no se declara competentes.
A su vez, los magistrados inadmiten sendas querellas presentadas por Libertad y Justicia, siendo la primera contra la exvicepresidenta y exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, actual vicepresidenta de la Comisión Europea, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones en la dana.
Y la segunda acusaba al ministro del Interior de presunta omisión de medios materiales en la muerte de dos guardias civiles tras ser embestidos por una narcolancha en febrero de 2024 en Barbate.