El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha avalado este jueves 7 de septiembre la decisión de Bruselas de considerar ilegal el plan de ayudas públicas a la expansión de la TDT en zonas remotas de España entre 2005 y 2009, por la que los operadores que se beneficiaron de estos apoyos deben devolver 260 millones de euros.


La opinión del letrado, que no es vinculante para el TUE a la hora de dictar sentencia, responde a los recursos de casación presentados por el Gobierno español, las comunidades autónomas de País Vasco, Cataluña y Galicia, y varias plataformas afectadas.


La decisión de la Comisión Europea se produjo en 2013 y pidió a España que recuperara 260 millones de euros en ayudas de Estado concedidas a plataformas de televisión terrestre, tras concluir que el plan de apoyos no respetaba el principio de neutralidad tecnológica.


El Tribunal con sede en Luxemburgo ya respaldó la decisión de Bruselas en 2015, cuando rechazó los primeros recursos presentados contra la medida y que ahora el Gobierno y las comunidades autónomas han llevado a Casación.


Ahora, el Abogado general estima que el TUE no puso en duda la "amplia facultad de apreciación" de que disponen los Estados miembros para organizar los servicios de interés económico general (SIEG), sino que concluyó que al hacerlo en este caso "no se habían cumplido requisitos mínimos".


Entre esos requisitos, añade la opinión del letrado europeo, está la definición "clara y precisa" del servicio de explotación de una red terrestre como un servicio público o la presencia de un acto de la autoridad pública para encomendar a la empresa subvencionada la ejecución de obligaciones de servicio público.


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