Cinco centros gallegos, tres de Popular y dos de Santander, se ven afectados por el expediente de regulación de empleo para 1.580 trabajadores en toda España previsto para la integración de los servicios centrales de ambas entidades.


Así lo ha trasladado este miércoles la compañía a los sindicatos, dentro de una fase de negociación previa de estas salidas. A mayores, plantea 585 recolocaciones en otras empresas del grupo.


En el caso de la comunidad gallega, los centros afectados del Popular, según el listado facilitado a las centrales, serán el Cantón y Beiramar en A Coruña y Praza de Vigo en Santiago. A mayores, en el caso de Santander, el ajuste afecta a los centros de Durán Loriga y también del Cantón, ambos en la capital herculina. "La dirección no dio más datos", lamenta la CIG, a través de un comunicado.


"NO ESTAMOS CONFORMES CON LOS NÚMEROS"


Por su parte, el representante de UGT en Pastor, Javier Castro, en declaraciones a Europa Press, señala que el número global es una cifra "a rebajar" para los representantes de los trabajadores, al igual que el indicador de 58 años en adelante para las prejubilaciones.


"No estamos conformes con los números, a ver en el desarrollo sucesivo", ha advertido Castro, apuntando a la nueva cita, fijada ya para el lunes 13. "Espero que podamos entrar en detalles sobre las condiciones".


Y es que el próximo 16 de noviembre se iniciará ya el periodo de consultas, con la previsión de que los despidos se apliquen en enero, según indica la central nacionalista.


De acuerdo con sus estimaciones, de centralizar todos servicios centrales y empresas auxiliares en Madrid, el banco "será responsable de la destrucción de 500 puestos de trabajo en A Coruña".


"AJUSTE EXCESIVO"


La entidad que preside Ana Botín ha trasladado este miércoles a los sindicatos que la integración en los servicios centrales de ambas entidades, así como en las unidades territoriales de apoyo a estos servicios, afectará a unos 2.100 trabajadores.


En concreto, Santander ha planteado la recolocación de unos 585 trabajadores en otras empresas del grupo y la salida de unos 1.580 empleados mediante prejubilaciones a partir de los 58 años y bajas incentivadas, si bien los detalles están sujetos al proceso de negociación, que comenzará formalmente el próximo 16 de noviembre.


En este sentido, los sindicatos en el ámbito estatal consideran que el ajuste es "excesivo" y creen que hay "más recorrido" en el ámbito de las recolocaciones, así como para rebajar la edad de prejubilación planteada inicialmente.


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