Abierto un operativo en las rías de Arousa y Pontevedra contra una trama de almeja ilegal de Portugal

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La Policía lusa reconoce un "comercio masivo" del producto, extraído en zonas no aptas, y que llega a España con documentos falsos

SANTIAGO DE COMPOSTELA/VIGO, 13 (EUROPA PRESS)
Varias depuradoras de las rías de Arousa y Pontevedra han sido registradas este martes en relación con un operativo que investiga la trazabilidad de almeja procedente de Portugal.

Según fuentes próximas a la investigación consultadas por Europa Press, este operativo internacional se lleva a cabo a petición de un juez de Portugal contra una trama de venta de marisco ilegal y se desarrolla en otras comunidades además de Galicia.

En concreto, se trata de una comisión rogatoria --procedimiento de auxilio judicial entre Estados-- de Portugal. En Galicia, de la causa se encarga el Juzgado de Instrucción número 4 de Cambados (Pontevedra), aunque este martes han trabajado en el caso las letradas de los cuatro juzgados, que han autorizado entradas y registros en diferentes lugares para que los practique la Policía Judicial en compañía de la Policía Marítima Portuguesa.

Así, esta es una operación enmarcada en la cooperación internacional entre países. Por el momento no constan detenidos en la Comunidad gallega.

En este operativo colaboran miembros del servicio de Gardacostas, dependiente de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia, así como de la Policía Nacional.

INVESTIGACIÓN EN PORTUGAL
La investigación que ha desencadenado los registros de este martes tiene su origen en Portugal por parte del Servicio de Investigación Criminal de la Policía Marítima lusa, en colaboración con la Policía Nacional española. Aunque, en el país vecino, se han desarrollado varias operaciones contra la extracción ilegal de almeja y se han desmantelado varias redes desde 2012, las actuaciones policiales en curso se iniciaron hace unos dos años.

Según ha explicado, en declaraciones a Europa Press el jefe de este servicio, Manuel Serrano Faustino, las pesquisas se iniciaron en torno a la actividad ilícita de un grupo "extremadamente organizado", que se dedica a la extracción de almeja en zonas no aptas para el marisqueo del estuario del Tajo. Esta organización cuenta con estructura para transportar la almeja a España (principalmente Galicia y País Vasco) y para introducirla en el mercado de forma fraudulenta, alterando la documentación que acredita su origen.

Serrano Faustino ha admitido que, cada día, cientos de personas, casi todos inmigrantes rumanos y tailandeses, arriesgan su vida para extraer la almeja en condiciones precarias y sin seguridad. El producto es trasladado a distintos puestos y barracones donde es pesado por miembros de la red, que pagan a estos 'apanhadores' según la cantidad de mercancía que hayan extraído.

"Es difícil saber con exactitud qué cantidad de almeja sigue esa vía de distribución, pero estimamos que, cada día, salen del estuario muchas toneladas. Hay un comercio masivo del producto que, paradójicamente, también vuelve a Portugal, porque muchos ciudadanos lusos compran alimentos en Galicia", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que existe todo un entramado perfectamente organizado para que funcionen cada uno de los eslabones de la cadena: los 'apanhadores' sacan la almeja del estuario; los responsables de almacenes y barracones recepcionan, pesan y pagan el producto; existe una flota de vehículos; empresarios vinculados a la importación-exportación de pescado facilitan los documentos de origen alterados; una gran flota de vehículos, muchos de ellos 'camuflados' como transporte de medicinas, trasladan la almeja a España; y, finalmente, el producto llega a almacenes y empresas de venta españoles donde, en algunas ocasiones, se vuelve a alterar la documentación identificativa de las almejas.

Además de las irregularidades administrativas y de los problemas de salud pública, la policía portuguesa también investiga otros supuestos delitos vinculados con la actividad de este grupo organizado: tentativas de homicidio, trata de seres humanos, delitos contra los derechos de los trabajadores, tenencia ilícita de armas o robos.

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