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Ferroatlántica dice que un nuevo pronunciamiento "respalda" que la Xunta justifique el veto a segregar sus centrales

La empresa Ferroatlántica ha asegurado que la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM), del Ministerio de Economía, "respalda" la necesidad de que la Xunta justifique "fehacientemente" la prohibición de segregar sus actividades de ferroaleación y producción de energía eléctrica.

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Fábrica de Ferroatlántica en Cee

La empresa Ferroatlántica ha asegurado que la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM), del Ministerio de Economía, "respalda" la necesidad de que la Xunta justifique "fehacientemente" la prohibición de segregar sus actividades de ferroaleación y producción de energía eléctrica.

En un comunicado, Ferroatlántica recuerda que este pronunciamiento se suma al de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que el pasado mes de febrero, según esta empresa, "advirtió de posibles incumplimientos de la Ley General de Unidad de Mercado (LGUM)".

Ferroatlántica sostiene que la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado recuerda que "las actividades de producción de energía hidroeléctrica y de producción de ferroaleaciones constituyen actividades económicas y como tales están incluidas en el ámbito de actuación de la LGUM", una ley que es de aplicación "en cualquier lugar del territorio nacional".

Por consiguiente, la compañía interpreta, a raíz del pronunciamiento ahora de la SECUM, que "no se puede impedir el desarrollo de la empresa amparándose en una defensa del interés general que la Xunta no acredita".

Ferroatlántica quiere segregar sus centrales hidráulicas en los ríos Xallas y Grande de las fábricas de ferroaleaciones que tiene en Cee y Dumbría, pero la Xunta rechazó revocar una cláusula establecida a principios de los 90 que vincula las factorías con los activos energéticos.

La empresa sostiene que la negativa de la Xunta a separar ambos negocios "impidió una inversión de 100 millones de euros destinada a mejorar su capacidad de fabricación y crear 500 empleos nuevos en la provincia coruñesa". El asunto se encuentra en la actualidad en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

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