Jueces y fiscales también protestarán para reivindicar mejoras laborales

Piden la recuperación de los permisos, independencia judicial y fiscal y la modernización de la Administración

Las asociaciones de jueces y fiscales y los sindicatos de funcionarios CSIF y STAJ han convocado concentraciones ante el Ministerio de Justicia y los juzgados para este miércoles y jueves con el fin de reivindicar mejoras laborales. En Galicia, los funcionarios del sector judicial llevan en huelga indefinida desde el pasado 7 de febrero.

Los primeros en parar serán los funcionarios que se concentrarán, a las 13.00 horas de mañana día 4 ante el Ministerio de Justicia, según han informado STAJ y CSIF para protestar por la "actitud" del ministro Rafael Catalá y su equipo ministerial frente a sus reivindicaciones.

Según señala STAJ en un comunicado, este departamento no cumple el acuerdo de diciembre de 2015 firmado con los sindicatos para mejorar las condiciones de trabajo y resalta que "continúa con su actitud de no negociar, a pesar de que la ley les obliga".

Asimismo, tildan de "mentiras evidentes" las 50 enmiendas que ha presentado el PP en el Congreso de los Diputados a la Proposición de Ley para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), porque se suponía que "iba a ser un trámite urgente" para la devolución de los permisos a los funcionarios de justicia y Jueces y fiscales.

JUECES Y FISCALES A LAS PUERTAS DE LOS JUZGADOS
En la siguiente jornada, serán los jueces y fiscales los que salgan a la misma hora a las puertas de todas las Audiencias Provinciales y juzgados de España, donde el decano, fiscal jefe provincial o algún juez o fiscal designado leerán un manifiesto en el que piden a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que con "urgencia" se acuerden las siguientes medidas para reforzar la independencia judicial; modernizar la Administración de Justicia; racionalizar la planta judicial y mejorar las condiciones profesionales, entre otras cosas.

En el caso de A Coruña, está previsto que a las 13,00 horas del jueves, en la Sala Primera del antiguo edificio de la Audiencia Provincial se dé lectura al comunicado de la comisión interasociativa de asociaciones judiciales. Con este acto, al que se prevé que acudan jueces y magistrados de la ciudad, se da inicio al calendario de movilizaciones.

Movilizaciones que ya anunciaron el pasado 5 de marzo las cuatro asociaciones de jueces -Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Asociación Profesional de la Magistratura, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente-- y las tres de fiscales -Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, Asociación de Fiscales y Unión Progresista de Fiscales--.

LECTURA DE UN COMUNICADO
En el comunicado que se leerá a las puertas de los juzgados, también se hace referencia a la LOPJ, pues no sólo se pide el "impulso inmediato" de la modificación de esta normativa para la recuperación de los permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal; sino la retirada de esas 50 enmiendas que "coartan el ejercicio de la función judicial y vacían ciertas competencias al órgano de gobierno de los jueces.

De hecho, las asociaciones exigen la presentación de un proyecto o proposición para la reforma de esta ley en lo que respecta al CGPJ para garantizar que la elección de sus vocales sea directamente por los jueces y magistrados y que se asegure "la igualdad de género y la representatividad".

Entre otras cosas, los jueces y fiscales piden al Ministerio de Justicia un plan de inversión "suficiente y prolongado" para convocar al menos 300 plazas con el fin de incrementar la planta judicial y fiscal y poder equipararla a la media europea. También, piden la convocatoria "inmediata y formal" de la Mesa de Retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inherente a la función.

Con respecto al Ministerio Público, se interesa que se derogue el sistema de plazos máximos de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios al efecto; el refuerzo de la independencia de la Fiscalía y su autonomía presupuestaria, así como que sea la propia Fiscalía General del Estado quien forme a sus integrantes.