La Xunta plantea ante el Gobierno "una excepción" que permita contratar más bomberos en el proceso de comarcalización

El Gobierno gallego ha planteado ante el Ejecutivo central la posibilidad de plantear "una excepción" a las limitaciones para contratar trabajadores públicos que permita aumentar las plantillas de bomberos, una medida necesaria para avanzar en el proceso de comarcalización de los parques de las ciudades.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la directora xeral de Administración local, Marta Fernández-Tapias, se ha reunido este miércoles con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, a quien le ha planteado la necesidad de que, en este caso concreto, la incorporación de nuevo personal en el sector público no esté limitada por las restricciones adoptadas por el Gobierno central.

La excepción consistiría en permitir que, a pesar de superar la tasa de reposición impuesta por la ley de presupuestos, todos los ayuntamientos que opten por la comarcalización de sus parques de bomberos puedan incorporar nuevo personal para poder prestar el servicio fuera de su término municipal.

En declaraciones a los medios, Rueda ha manifestado que cree que este paso es viable legalmente, pero ha incidido en la necesidad de planteárselo al Gobierno. Sobre el personal a mayores necesario, ha precisado que dependerá de lo que diga cada ciudad. "Pero es necesario aumentar las plantillas y habrá alrededor de 500.000 beneficiarios, los gallegos que viven en el entorno de las ciudades", ha esgrimido.

De este modo, el Ejecutivo autonómico ha destacado que sigue avanzando en el proceso de comarcalización, abordado en el grupo de trabajo por las emergencias junto con la creación de nuevos servicios en las zonas de sombra. Esa estrategia global permitirá que, cuando se produzca una incidencia, se extienda el tiempo de respuesta de 20 minutos de un 65 a un 90 por ciento del territorio, y de un 87 a un 95 por ciento de la población.

A lo largo de 2018, se ha llegado a acuerdos para la comarcalización en las ciudades de Santiago de Compostela, Ourense y Ferrol. En los tres pactos, se logró el consenso de los respectivos ayuntamientos y de las diputaciones de A Coruña y Ourense, lo que permitió, remarca la Xunta, "la colaboración entre administraciones gobernadas por fuerzas de diferente signo".