Juez decano, fiscal y presidente de la Audiencia en Santiago ponen voz en Galicia a la petición de mayor independencia

También reclaman recuperar la pérdida salarial de 2010 y modernización efectiva de la justicia

El juez decano de Santiago, José Alvariño, el presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ángel Pantín, y el fiscal jefe del área, Mario Piñeiro, han puesto voz este jueves a las reivindicaciones de estos colectivos que se han trasladado en todo el Estado y que, en el caso de Galicia, coinciden con la huelga de funcionarios autonómicos de la Justicia que acumula 58 días de paro. También tienen intención de secundar el resto de movilizaciones que se programen por parte de estos colectivos.

Ha sido una jornada de reivindicaciones en todos los juzgados y audiencias de la geografía española promovida por todas las asociaciones de jueces y fiscales que, en la capital gallega, ha tenido su traducción en la lectura del manifiesto conjunto a tres voces que representan a cada uno de los colectivos.

El comunicado recoge el apoyo expreso a las 14 medidas propuestas por las asociaciones judiciales el 16 de junio de 2017 y que fueron asumidas por 1.200 juntas por todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.2500 jueces y magistrados.

En aras de la independencia judicial, piden un reforma de la ley que recupere el régimen competencial, de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por jueces y magistrados en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El CGPJ debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial y deben retirarse, piden, las enmiendas presentadas a la ley orgánica del poder judicial que "coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias".

Asimismo, reclaman la supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos y solicitan que se "objetivice" el nombramiento de los altos cargos judiciales sobre la base de perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso transparente y en decisión debidamente motivada y adoptada por mayoría cualificada.

MODERNIZACIÓN JUSTICIA
Las peticiones también van dirigidas a la modernización de la justicia, al respecto de lo que piden un plan de inversión "suficiente y prolongado", incrementar las plantas judicial y fiscal, modernizar los edificios, un proceso de digitalización con equipos necesarios y los programas de manejo adecuado y buscar los medios necesarios para hacer efectivos los derechos.

En el manifiesto, también apuestan por racionalizar la planta judicial, revisar el modelo de oficina judicial, compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal y dotar de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción.

Además, quieren la convocatoria "inmediata y formal" de la mesa de retribuciones para "recuperar el nivel salarial perdido en 2010", impulsar de inmediato de la modificación de la ley en lo que a permisos y medidas de conciliación de la carrera judicial y fiscal, reclamar la recuperación del régimen de vacaciones y permisos vigente en el momento en el que se redujo y suprimió en agosto de 2012 e implantar unas cargas máximas de trabajo, entre otras cuestiones.

En cuanto al Ministerio Fiscal, el documento pone el acento en la necesidad de "derogar el sistema de plazos máximos" de instrucción mientras no se dote de los medios necesarios para tal efecto, la paralización de la justicia digital en tanto no se garantice el correcto funcionamiento de programas y equipos, refuerzo de la independencia y autonomía presupuestaria.