Rueda insiste en pedir a los sindicatos de justicia que "consideren" la oferta de la Xunta superados los 2 meses de paro

El vicepresidente vuelve a advertir que no se puede "usar como rehenes" a los ciudadanos y remarca que hay servicios "básicos" que hay que prestar

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a pedir a los sindicatos de justicia que "consideren" la última oferta que la Administración autonómica dejó sobre la mesa en el último encuentro antes de romper las negociaciones, al tiempo que ha insistido en el Gobierno gallego sigue "abierto al diálogo" para poner fin a una huelga que ya supera los dos meses.

Mientras continúan suspendiéndose juicios y trámites --los aplazados se cuentan por miles--, Rueda ha defendido, en declaraciones en una visita a Matosinhos (Portugal), la última oferta económica de la Xunta y ha reiterado que el incremento que plantea el Gobierno gallego para los funcionarios de justicia, sumado a la subida pactada en Madrid para todos los empleados públicos sería "del 14%", unos 300 euros al mes.

A la espera de una nueva convocatoria para intentar desatascar un conflicto que sigue enquistado, la Xunta mantiene sobre la mesa una propuesta que se traduciría en una subida salarial de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio.

El comité de huelga, que ve insuficiente este planteamiento, rebajó su exigencia de 190 a 180 euros lineales para todos los cuerpos con efectividad en dos anualidades. El primer año se percibiría el 70 por ciento (126 euros) y el segundo año, el 30 por ciento (54 euros). Piden también una cláusula de revisión anual con índice corrector y un plan de recuperación del trabajo perdido.

Rueda ha remarcado este lunes que la oferta de la Administración autonómica "sigue encima de la mesa". "Y nos gustaría que fuese considerada y que se pudiera poner fin a la huelga. Nosotros seguimos abiertos al diálogo para poder cerrarla", ha defendido.

NO USAR "COMO REHENES" A LOS CIUDADANOS
"Nos gustaría que su final llegase cuanto antes", ha añadido el vicepresidente, quien ha advertido que, mientras, "en ningún caso se puede permitir que los ciudadanos sean usados como rehenes".

No en vano, ha concluido que no se puede consentir que se "nieguen" servicios "básicos" que "deben prestarse haya huelga o no".