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El PPdeG rechaza una propuesta del PSdeG para eximir del pago del IBI a los arrendatarios de viviendas públicas

Los populares defienden modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir a los municipios establecer exenciones a familias vulnerables

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Los populares defienden modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir a los municipios establecer exenciones a familias vulnerables

El PSdeG ha defendido este martes la toma en consideración de una proposición de ley para que la Xunta asuma el pago del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) que hoy recae sobre los arrendatarios de viviendas públicas. La medida ha sido rechazada por el PPdeG, que defiende modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir a los municipios establecer exenciones en este impuesto a las familias con mayores dificultades económicas.

La encargada de defender esta proposición de ley, que ha contado con el apoyo de En Marea y BNG, ha sido la socialista María Pierres, que ha calificado de "obscenidad política sin explicación" el "veto del PP" a una iniciativa que en julio fue aprobada en Madrid. "Supondría un desembolso irrisorio por parte del Gobierno gallego y que afectaría a 3.000 familias", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que el Ejecutivo autonómico solo tendría que destinar 800.000 euros --mientras el IBI recauda en Galicia cada año 438 millones-- cuando, según ha indicado, dejó de ejecutar 3,15 millones de partida de acceso a la vivienda en 2017".

De este modo, los socialistas han reclamado "ampliar la protección" a las personas que tienen que acceder a una vivienda pública en régimen de alquiler por la difícil situación económica que padecen. Además, han señalado que se haría garantizando el respecto a las competencias estatales en materia tributaria y manteniendo indemnes los recursos tributarios que las entidades locales detraen a través del IBI.

Así, la propuesta establecía la creación de un mecanismo compensatorio, de naturaleza no tributaria, por importe equivalente a la cuota del IBI que debe ser legalmente objeto de repercusión". Y es que, conforme ha señalado, "se trata de reducir el importe correspondiente" a este impuesto de forma "proporcional" a la renta mensual que pagan los inquilinos.

APOYO DE BNG Y EN MAREA
La toma en consideración de la proposición de ley defendida por los socialistas ha contado con el apoyo de nacionalistas y rupturistas. En primer lugar, Luís Bará (BNG) ha considerado que esta exención podría ser "un buen punto de partida" para solucionar una situación que ha calificado de "anómala".

Además, en una intervención en la que se ha referido al escándalo sobre la legitimidad del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado que esta medida es factible toda vez que, como ha recordado, "la Xunta tiene plenas competencias en política de vivienda" así como "capacidad para afrontar un coste que no es elevado".

Por su parte, Antón Sánchez, de En Marea, ha mostrado el apoyo de su grupo a esta medida al considerar que "tiene todo el sentido" que las personas que son beneficiarias de estas viviendas, por tener escasos ingresos, "estén exentas del IBI".

Asimismo, ha cargado contra la política del PPdeG que, en su opinión, no soluciona "uno de los problemas más graves" de la sociedad que es el "no garantizar una vivienda digna a todos los ciudadanos". Además, ha censurado que, entre otras cuestiones, la Administración autonómica "no dispone de un parque público de viviendas que permita regular los precios".

RECHAZO DEL PPDEG
Por su parte, la diputada del PPdeG Sandra Vázquez ha justificado el rechazo del PPdeG a esta medida por considerar que la postura de cómo debe articularse la defensa de las familias vulnerables en el IBI ya está expresada por una iniciativa que fue aprobada por unanimidad en esta legislatura.

En concreto, ha defendido que la mejor opción, como apoyó recientemente la oposición, es modificar la Ley de Haciendas Locales para permitirle a los ayuntamientos establecer exenciones en este impuesto a las familias con mayores dificultades económicas.

Además, ha recordado que la Xunta, en colaboración con la Fegamp, ya solicitó al Ministerio esta reforma legal. "Desde el Partido Popular agradecemos el gran labor que hace la Consellería de Infraestrutruas e Vivenda, siendo su máxima prioridad proteger a los colectivos más vulnerables", ha subrayado.

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