Impiden entrar y expulsan de la Xunta a sindicalistas de justicia, que acusan al Gobierno de Feijóo de "fascismo puro"

El Ejecutivo autonómico envía una carta al comité de huelga en la que se reafirma en su última oferta y la "vuelve a explicar"

Miembros del comité de huelga del sector judicial gallego se desplazaron este viernes al complejo administrativo de San Caetano con la intención de mantener un encuentro con representantes de la Xunta, pero la mayor parte no han podido acceder y, los que sí lo hicieron tras acudir a primera hora, han sido expulsados por agentes de la Policía.

Los sindicatos que representan a los trabajadores de la justicia, sector que lleva más de dos meses en huelga indefinida, había convocado a la Xunta a un nuevo encuentro, pero el Ejecutivo autonómico avanzó su intención de no ir al entender que dos escritos "contradictorios" recibidos del comité evidenciaban que no hay intención real de negociar.

En declaraciones a los medios a las puertas del edificio administrativo de la Xunta, acompañado del resto de miembros del comité de huelga --que integran SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO.--, Manuel Valle (CSIF) ha criticado con dureza la actitud del Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo, que ha calificado de "fascismo puro y duro".

El comité ha lamentado que la Policía haya impedido el acceso o haya echado "dejando incluso sus cosas dentro" a miembros del comité de huelga de un edificio "público". El argumento, según han indicado sindicalistas, fue que "no había ninguna convocatoria de reunión" y que el de los trabajadores de justicia es "un colectivo conflictivo".

"Esta convocatoria del comité demuestra a la opinión pública nuestra voluntad de llegar a un acuerdo. Y ni siquiera podemos entrar, nos tratan como si fuéramos delincuentes", se ha quejado Valle, antes de retar a la Xunta a explicar "cuándo y cómo" los funcionarios de justicia se han comportado como "un colectivo conflictivo".

Según el comité, se "ve" la voluntad de "desgaste" por parte de la Administración autonómica, que "no quiere negociar". En esta coyuntura, Nilo Fernández (SPJ-USO) ha aprovechado para reiterar una petición formulada ya varias veces por los sindicatos: el vicepresidente y titular autonómico de Xustiza, Alfonso Rueda, y Feijóo, "tomar cartas en el asunto".

LA PROPUESTA DE LOS 300 EUROS
Sin embargo, los representantes de los trabajadores sospechan que esto no va a ocurrir porque "lo que realmente" quiere Feijóo es "cargarse al delfín". También reiteran que la Xunta debe explicarles "su oferta de subida de 300 euros", ya que si Rueda se refiere a este incremento salarial para el complemento autonómico transitorio (CAT) del personal de justicia, firmarían el acuerdo "ya".

Sin embargo, cuando el Ejecutivo habla de una subida del 14% --unos 300 euros al mes-- realmente alude al incremento del complemento autonómico transitorio (CAT) que ofrecería a los trabajadores de justicia sumado a la subida pactada en Madrid para todos los empleados públicos. En ambos casos, remarca, los recursos saldrían de la Administración autonómica.

Y es que, en lo que respecta al CAT, la oferta que mantiene la Administración autonómica se traduciría una subida salarial de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio.

"SEGUIREMOS UNIDOS"
En esta coyuntura, los representantes de los trabajadores han avanzado que decidirán qué pasos a dar, aunque garantizan que se mantendrá la unidad sindical. "Los siete sindicatos estamos unidos y vamos a seguir unidos. Y tenemos a los trabajadores detrás", sostienen.

También han aludido al seguimiento de la huelga, "que sigue siendo muy alto", como una prueba de que "nadie va a dar un paso atrás". De hecho, defienden que la participación está "por encima del 80%" en algunas localidades.

La Xunta, por su parte, mantiene que en esta jornada de huelga --la número 67 desde que arrancó el 7 de febrero--, el seguimiento es de un 31,91% (con un leve repunte en relación a las últimas jornadas). Habrían ido a la huelga unas 876 personas.

En el cálculo de estos datos, la Xunta tiene en cuenta que 202 funcionarios no acudieron al trabajo por ausencia justiciada (vacaciones, asuntos particulares o días libres) y 775 participaron en los servicios mínimos.

DOS ESCRITOS
La Xunta ya avanzó en la pasada jornada que no acudiría al encuentro y aludió a que recibió dos escritos sindicales "contradictorios", uno el miércoles y otro el jueves. En el segundo, los sindicatos incidían en que la reunión de este viernes "debe circunscribirse a la explicación por parte de la Xunta a la oferta de 300 euros realizada" por el vicepresidente.

En esta coyuntura, y aunque el escrito en un punto previo reiteraba la "total disponibilidad" de los sindicatos "a seguir negociando", la Xunta esgrimió que, si la reunión tenía que "circunscribirse" a una explicación, no sería útil para avanzar y desbloquear la huelga.

Este escrito aclaratorio --suscrito por todos los miembros del comité (en el que están SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, STAJ, CSIF, CIG y CC.OO.)-- se presentó en la Dirección Xeral de Xustiza después de la convocatoria remitida el miércoles y firmada por un solo sindicalista de UGT "en nombre del comité".

En dicha convocatoria, se citaba a la Xunta para retomar las negociaciones. Miembros del comité aseguraron no estar informados de que se iba a registrar y lo atribuyeron a "descoordinación", dado que se encontraban en Madrid planteando sus reivindicaciones, por lo que este jueves optaron por presentar otro escrito matizando su contenido.

CARTA DE LA XUNTA
La Xunta, por su parte, remitió una carta "acusando recibo" de los dos escritos y subrayando que son "contradictorios entre sí" ya que, "primero anuncian su intención de comparecer en San Caetano para retomar las negociaciones" y después "se desdicen" y matizan que el encuentro debe "circunscribirse a la explicación por parte de la Xunta de la oferta de 300 euros".

"Como de sobra conocen, esta oferta fue hecha y explicada por los representantes de la Xunta en la mesa de negociación, y rechazada por los sindicatos sin haberle dado traslado a los funcionarios de Justicia", recoge la carga, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que firma el director xeral de Xustiza, Juan José Martín.

En todo caso, el escrito "vuelve a explicar" la oferta de la Xunta punto por punto, y el incremento salarial. Recoge el detalle que la subida del CAT para el personal de justicia sumada al incremento pactado a nivel estatal para todos los empleados públicos se situaría en unos 314,26 euros, que saldrían --remarca-- de las arcas autonómicas.

La Xunta aprovecha para "reiterar su voluntad de diálogo y el objetivo de cerrar un acuerdo". "Consideramos que sentarse en una mesa de negociación debe servir precisamente para eso, y que cualquier convocatoria circunscrita exclusivamente a los temas que decida una de las partes no contribuye a ese objetivo", remarca.

"Mucho menos cuando, como es el caso, desde el comité de huelga excluyen la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los objetivos de la reunión", agrega, antes de ponerse a disposición del comité para "cuando decida acudir a la mesa de negociación" y concluir que la Xunta "no puede entrar en una subasta con dinero de todos los gallegos".