#Claves de la semana

El comité de huelga de justicia remite un nuevo escrito a la Xunta para urgir sentarse y "retomar las negociaciones"

Solicita la "inmediata convocatoria" de la mesa negociadora, que se reunió por última vez el 26 de marzo

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Miembros del comité de huelga a las puertas de San Caetano

Solicita la "inmediata convocatoria" de la mesa negociadora, que se reunió por última vez el 26 de marzo

El comité de huelga de los funcionarios de la justicia en Galicia, en paro indefinido desde el pasado 7 de febrero, ha remitido este sábado a través del registro de la Xunta un nuevo escrito a la Vicepresidencia y departamento autonómico responsable de Xustiza en el que urge "retomar las negociaciones" para tratar de desbloquear el conflicto.

El comité, en el que están representados SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO., da este paso un día después de la frustrada reunión que habían convocado para este viernes con el objetivo de que la Xunta les explicase en qué consiste "la oferta de 300 euros más al mes de la que habla" el vicepresidente, Alfonso Rueda.

El Gobierno gallego ya había avanzado que no acudiría a esta cita de la pasada jornada al entender que los sindicatos no tenían intención real de negociar y, de hecho, a los miembros del comité se les impidió entrar en el complejo administrativo de San Caetano --e incluso la Policía expulsó a alguno que sí había accedido a primera hora--.

Posteriormente, Rueda aprovechó un acto público para manifestar que esperaba que la semana próxima se pudiese retomar "el entorno negociador", pero remarcaba que debía haber "voluntad" por ambas partes.

"INMEDIATA CONVOCATORIA"
Los sindicatos, que se reunieron este viernes, adoptaron una serie de decisiones, entre ellas la de registrar este nuevo escrito con dos puntos. En el primero, se traslada al departamento que dirige Rueda que, tras la manifestación de Santiago y más de dos meses después de que arrancase la huelga de los funcionarios de justicia, el comité "continúa siendo avalado por los trabajadores de la Administración" para seguir "con la negociación en defensa de sus derechos".

En el segundo, piden la convocatoria de la mesa de negociación y reivindican que el comité de huelga "sigue manteniendo su disposición al diálogo".

También aluden a las declaraciones públicas realizadas por dirigentes de la Xunta y a la carta que les envió la Dirección Xeral de Xustiza el 12 de abril en el que se manifiesta "su voluntad negociadora", aunque matizan que ésta "no se correspondió" con la posterior actuación del viernes, cuando se les "impidió entrar" en San Caetano.

Repasados todos estos puntos, el comité solicita "la inmediata convocatoria de la mesa de negociación para retomar las negociaciones rotas por parte de la Administración".

ASAMBLEAS
Por otra parte, con la excepción de Compostela, donde ya se hizo, el comité de huelga prevé celebrar asambleas en todas las ciudades con el fin de "explicar" los últimos hechos, la posición del órgano que representa a los trabajadores de la justicia y las siguientes acciones.

También planean convocar una mesa de operadores jurídicos sobre el conflicto de la justicia y sus repercusiones.

PROPUESTAS
A la espera de una nueva convocatoria para intentar desatascar un conflicto que sigue enquistado, la Xunta mantiene sobre la mesa una propuesta que se traduciría en una subida salarial de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio.

El Gobierno gallego reivindica que esta oferta (que se aplicaría al complemento autonómico transitorio del personal de justicia), sumada al incremento pactado en Madrid para todos los empleados públicos, supone una subida de un 14% --más de 300 euros más al mes--. Rueda ha pedido "reflexión" a los sindicatos y ha subrayado que no se negociará fuera de este "marco económico".

El comité de huelga, que ve insuficiente su planteamiento, rebajó su exigencia de 190 a 180 euros lineales para todos los cuerpos con efectividad en dos anualidades. El primer año se percibiría el 70 por ciento (126 euros) y el segundo año, el 30 por ciento (54 euros). Piden también una cláusula de revisión anual con índice corrector y un plan de recuperación del trabajo perdido.

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