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Una sentencia declara nulo el despido de un trabajador del GES de Guitiriz y obliga al Ayuntamiento a readmitirlo

Una sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Lugo estima la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Guitiriz y declara que el cese de un trabajador del GES constituye "despido nulo", por lo que le condena al Ayuntamiento, que dirige Regina Polín (PSOE), a "readmitirlo inmediatamente en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía" y a satisfacerle "todos los salarios que dejó de percibir".

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Una sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Lugo estima la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Guitiriz y declara que el cese de un trabajador del GES constituye "despido nulo", por lo que le condena al Ayuntamiento, que dirige Regina Polín (PSOE), a "readmitirlo inmediatamente en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía" y a satisfacerle "todos los salarios que dejó de percibir".

La sentencia no es firme y, según recoge el fallo, contra ella cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), debiendo, en su caso, anunciar el propósito de hacerlo dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la misma.

En un comunicado, la CIG ha incidido que, ya en su día, denunció que se trataba de "un despido represivo y antisindical", que "obedecía exclusivamente a las demandas" que el trabajador había presentado ante la Alcaldía "por los incumplimientos en los derechos del Personal".

"Después de cinco meses quedan claramente demostrados los incumplimientos de la Alcaldía, primero a través del acta de Inspección de Trabajo, y ahora a través de esta sentencia", señala.

De hecho, el sindicato subraya que la sentencia "determina claramente que el despido fue consecuencia de la interposición de una demanda ante el SMAC y de una denuncia ante Inspección de Trabajo, y que la "supuesta inadaptación del trabajador para no pasar el periodo de prueba no era tal, sino no que respondía únicamente a los problemas que existían con el demandante por las pretensiones de éste de adaptar su horario" a la realización de un curso de FP y la solicitud de vacaciones.

Ambas pretensiones, remarca la CIG, quien pide a la alcaldesa que "aparque su prepotencia y caprichos", están "ajustadas a derecho".

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