Fiscal pide dos años de cárcel al director de Augas de Galicia

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El exgerente del Consorcio y actual director de Augas de Galicia

El juicio contra Roberto Rodríguez, actual director de Augas de Galicia, está sin fecha tras suspenderse la vista el 4 de abril por la huelga.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para el que en 2009 era gerente del Consorcio de Servizos da Igualdade e do Benestar y actual director de Augas de Galicia (que depende de la Consellería de Medio Ambiente), Roberto Rodríguez, por un accidente laboral en la cocina de una escuela infantil en Moraña (Pontevedra) dependiente de este organismo público ocurrido en diciembre de 2009.

Además, solicita la misma pena para el propietario y administrador único de la concesionaria del servicio, según figura en el escrito fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, y que tiene fecha del 20 de mayo de 2015. A ambos se les acusa de un supuesto delito de lesiones imprudentes, como figura en el auto del Juzgado de instrucción número 2 de Caldas por el que se decretó apertura de juicio oral, con fecha de 6 de junio de 2016.

Tras casi nueve años desde que se inició la causa --que se llegó a archivar en dos ocasiones--, el juicio había sido fijado el 29 de enero de este año en el Juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra para el pasado 4 de abril. Sin embargo, no llegó a celebrarse debido a la huelga indefinida que siguen los funcionarios autonómicos de justicia desde hace más de dos meses y de momento no hay fecha para la nueva vista.

Roberto Rodríguez Martínez asumió la gerencia del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, del que dependen las guarderías públicas para niños de 0 a 3 años, en julio de 2009, unos meses después de que el PPdeG de Alberto Núñez Feijóo arrebatase las riendas del gobierno gallego al bipartito de PSdeG y BNG.

Tras la remodelación del Gobierno en que Beatriz Mato dejó de tener las competencias de Benestar y asumió únicamente la Consellería de Medio Ambiente, Roberto Rodríguez pasó, en noviembre de 2005, a situarse al frente de la Dirección de Augas de Galicia, dependiente de ese departamento autonómico, y cargo que ocupa actualmente.

INDEMNIZACIÓN
Aunque la vía penal todavía permanece abierta, ya ha habido acuerdo en la indemnización para la víctima del accidente laboral, que trabajaba desde el 29 de junio de 2009 en la cocina de la escuela infantil de la red 'Galiña Azul' que tenía externalizado el servicio de cocina a una empresa.

La gestión de la guardería corresponde al Consorcio, entidad dependiente de la Xunta, la cual había encomendado la prestación del servicio de comedor, a la empresa que resultó adjudicataria, el 16 de octubre de 2008.

Así, la víctima, que cuando sufrió el accidente (diciembre de 2009) tenía 44 años y sufrió quemaduras graves en el 35 por ciento de su cuerpo al caerle encima unas tarteras con agua mientras limpiaba un horno, alcanzó ya un pacto de indemnización con las aseguradoras y ya no forma parte del proceso. Fiscalía pedía en su escrito 140.000 euros por las lesiones, secuelas e incapacidad permanente total para el trabajo.

MÁS DE OCHO AÑOS DE INSTRUCCIÓN
En su escrito, el Ministerio Público acusa a Roberto Rodríguez Martínez, en su condición de gerente del Consorcio, de no "adoptar antes del accidente las medidas necesarias para que se llevara a cabo la preceptiva evaluación de riesgos del centro de trabajo" y de "no planificar ni coordinarse" con la empresa adjudicataria de la "actividad preventiva de riesgos laborales".

"Tampoco informó de los riesgos que existían en el centro de trabajo a la empresa" concesionaria, y tampoco "le facilitó los documentos que contenían las instrucciones del equipo de trabajo utilizado", según el mismo escrito fiscal.

Sin embargo, fuentes del entorno de Roberto Rodríguez han explicado a Europa Press que se "cumplió con todos" los requisitos en prevención de riesgos. Estas planificación estaba "contratada" con una empresa especializada, ya "antes" de que Roberto Rodríguez llegase al cargo y que después él habría renovado.

Además, las mismas fuentes han indicado, en cuanto fue requerido, sí se adjunto el "plan de coordinación" para riesgos laborales, que "sí" existía. También han precisado que hasta la mitad del procedimiento, que dura más de ocho años, no se señaló la condición de investigado, antes imputado para el alto cargo de la Xunta.

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