El juez elimina la exigencia de empadronamiento en las tarjetas del bus urbano en Vigo y Caballero culpa a Feijóo

El auto apunta que ese requisito no figura ni el convenio con Abanca ni en las instrucciones para pedir la PassVigo

El juzgado contencioso-administrativo número 1 de Vigo ha emitido un auto, en el marco de las medidas cautelares solicitadas por el Ayuntamiento de Redondela (que ha sido la administración que ha interpuesto el contencioso), en el que obliga al Ayuntamiento olívico a eliminar la restricción del empadronamiento a la hora de otorgar las tarjetas para la bonificación del bus urbano, que hasta ahora tramitaba solo para censados en la ciudad.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ayuntamiento de Redondela presentó un contencioso después de haber hecho un requerimiento previo a la Junta de Gobierno de Vigo que no tuvo respuesta. En dicho contencioso solicita que se elimine la exigencia de estar empadronado en la ciudad olívica para poder ser beneficiario de la tarjeta PassVigo, que permite bonificaciones en el servicio de bus urbano.

El magistrado señala en su resolución que esta exigencia (que dejaría fuera de las subvenciones a cientos de usuarios, especialmente de la parroquia redondelana de Chapela, hasta donde llega el bus de Vitrasa) no está específicamente recogida ni en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Vigo y Abanca para modernizar las tarjetas, ni en las instrucciones aprobadas en Junta de Gobierno local para tramitar las solicitudes de la PassVigo.

Asimismo, justifica la suspensión de ese requisito porque, mientras no se resuelva el contencioso, "los perjuicios derivados de mantener la exigencia de empadronamiento se generarían continuadamente a un número indeterminado de personas", no solo de Redondela, sino de cualquier otro lugar de procedencia.

Por contra, la eliminación de ese criterio, que viene siendo de facto un "aplazamiento de la entrada en vigor", causa "tenues perjuicios" al Ayuntamiento de Vigo al que, en caso de que los tribunales le den la razón, "le bastaría con anular las tarjetas" de los no censados en la ciudad.

Finalmente, en el auto se señala que la medida de exigir el empadronamiento para tramitar la tarjeta conculca la ley 2/2017 de la Xunta (de acompañamiento a los presupuestos de ese año), así como la ley 16/1987 de ordenación del transporte terrestre, y el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

"LEY CONTRA VIGO"
Por su parte, el alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, ha comparecido este martes para confirmar la recepción del auto, que será de aplicación "inmediata", y ha atribuido dicha resolución a la ley 2/2017, una norma "concreta y específica hecha por Feijóo para que Vigo le pague el bus a todos los que vienen de fuera a la ciudad".

Caballero ha avanzado que su gobierno municipal utilizará "todos los mecanismos para defender Vigo contra los ataques de Feijóo" y ha expresado su convencimiento de que, al final, ganará esta pugna en los tribunales, porque esa ley de acompañamiento es "inconstitucional" y atenta contra la autonomía municipal.

No obstante, ha lamentado que, "por el camino", la decisión judicial costará "cientos de miles, o incluso millones de euros" a los ciudadanos vigueses. "El coste será astronómico y tendrá gravísimas repercusiones en las arcas municipales", ha proclamado, y ha añadido que esta "condena" es "el regalo" de Feijóo a los vigueses.

Finalmente, el regidor ha acusado directamente al presidente de la Xunta de ponerse "de acuerdo" con los alcaldes del PP de Redondela y Mos para, después de que Vigo anulase el convenio del transporte metropolitano, introducir en la ley 2/2017 criterios que impiden tramitar bonos de transporte con exigencias de empadronamiento.