La alerta por vertidos ilegales en la EDAR de San Cibrao se instaló ocho meses después de la muerte de 17.000 peces

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Juicio por contaminación del Barbaña

Fiscalía pide tres años de prisión para los cuatro acusados de la empresa concesionaria, así como una multa de 50 euros durante 18 meses

El exjefe de servicio de la empresa que gestiona la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Cibrao das Viñas (Ourense), que trata aguas de residuos urbanos y también procedentes de cuatro polígonos industriales, ha expuesto que el sistema que alerta de la entrada de vertidos con un 'ph' por debajo de lo permitido se instaló en febrero del año 2010.

De esta manera, ha confirmado que este medio de análisis del nivel de acidez del agua se puso en marcha ocho meses después de producirse un vertido de metales pesados sobre el río Barbaña que causó la muerte de más de 17.000 peces el 23 de junio de 2009, según su información.

Este trabajador, que ha declarado este martes en calidad de acusado, ha confirmado durante la primera sesión de la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número dos de Ourense que este sistema no se instaló antes del hecho que se juzga porque, "aunque sí habían entrado residuos ilegales en la depuradora, nunca había pasado algo similar".

De todos modos, el exjefe de servicio ha apuntado que nadie había exigido la instalación de un sistema que permitiera medir lo anterior ni este era uno de los requerimientos señalados en la autorización del vertido en cuestión, afirmación que ha compartido el técnico de explotaciones --en calidad de acusado-- de la empresa concesionaria que gestiona la EDAR.

Ambos acusados han admitido que, en la autorización del vertido, se fija que es necesario el uso de un medidor de 'ph', pero no de un sistema que permita alertar a los responsables de la existencia de un residuo cuyo nivel de acidez se sitúa por debajo de lo que indica la propia autorización.

En esta misma línea, el exjefe de servicio ha concretado que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil tampoco había pedido a la empresa concesionaria la puesta en marcha del sistema de alerta en caso de vertidos con un 'ph' fuera de la norma en el momento de la renovación de la concesión, en el año 2008.

SOSA CÁUSTICA PARA RESTABLECER EL PH
El exjefe de servicio de la EDAR de San Cibrao das Viñas y el técnico de explotaciones de la instalación han coincidido en afirmar que, tras conocer que el 'ph' del río Barbaña estaba en un nivel inferior al establecido, la empresa concesionaria tomó la decisión de utilizar sosa cáustica --diluida al 48 por ciento, según ha señalado el primer acusado-- para restablecer los niveles de acidez del agua más de dos días después de producirse dicho vertido.

Según ha apuntado el exjefe de servicio, esta medida ayudó a conseguir la normalidad en la acidez de las aguas junto con la recuperación natural de las mismas a la vez que la depuradora continuaba funcionando correctamente y por sus propios medios.

Con todo, ambos acusados han subrayado que ningún técnico de la Xunta de Galicia, del Ayuntamiento de San Cibrao, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ni ningún empleado de la concesionaria o de la Confederación Hidrográfico Miño-Sil midió el 'ph' del río Barbaña a su llegada el 24 de junio del 2009 al lugar de los hechos, algo que el técnico de explotaciones ha considerado "razonable" al no haberse producido casos similares anteriormente.

Además, el exjefe de servicio ha asegurado ante la sala que, si se hubiera detectado con anterioridad la entrada de un vertido con un nivel de 'ph' por debajo de lo que establece la autorización y se hubiera utilizado la sosa cáustica para contrarrestar los efectos, "el 'ph' ácido habría llegado al Barbaña igualmente".

TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO
Mientras, el técnico de explotaciones de la empresa concesionaria ha asegurado en la vista oral que "no era viable" el uso del tanque fisicoquímico cuando se produjo el vertido de metales pesados en el río Barbaña porque, "al estar sobredimensionada la depuradora", no se podría abastecer al reactor biológico de la misma, por lo que "se morirían los fangos".

Asimismo, ha añadido que el uso del tanque fisicoquímico implicaría un incumplimiento del documento de autorización del vertido y no supondría una reducción significante en el impacto ambiental de lo ocurrido, "al menos en relación a la cantidad de peces muertos".

Al respecto, el exjefe de servicio de la empresa concesionaria que gestionaba la EDAR ha destacado que el vertido tóxico no se hubiera evitado si estuviera funcionando el tanque señalado, ya que "los metales pesados saldrían igual", aunque "el impacto ambiental sí sería menor".

Este empleado ha asegurado que "no hay sistema que pudiera impedir lo que pasó". Además, en relación al caudalímetro, el acusado ha afirmado que funcionó desde el año 2000 a pesar de haber firmado él mismo un acta en el que reconocía que no operaba en la EDAR de San Cibrao das Viñas. De todos modos, ha advertido que no cree que el caudalímetro "hubiera sido el problema".

En esta primera sesión de la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal número dos de Ourense también han declarado en calidad de acusados un empleado de la concesionaria en la EDAR y la administradora solidaria y copropietaria de la misma, así como numerosos testigos.

PROTESTAS ECOLOGISTAS Y VECINALES
Minutos antes del inicio del juicio, las asociaciones vecinales de San Breixo de Seixalbo, Ponte Noalla y la Asociación Barbaña, junto con diferentes grupos ecologistas, se han manifestado a las puertas del edificio judicial de Ourense para reclamar justicia y que no se vuelva a producir tal daño al medio ambiente.

El expresidente de la Asociación de Vecinos San Breixo de Seixalbo --presidente en el momento en que se produjo el vertido tóxico al Barbaña en junio de 2009--, Juan Cid, ha asegurado a los medios de comunicación que el río Barbaña "estaba sesgado y sin vida, caótico".

Así las cosas, ha declarado en nombre de los manifestantes que reclaman "una reposición en donde se produjo el daño, en la depuradora de San Cibrao". "Entendemos que hubo un daño colectivo y esto tiene que tener algún precio. No sabemos quién tiene la responsabilidad, pero pensamos que tiene que ser un antes y un después", ha añadido.

En esta misma línea, ha pedido "medidas en la depuradora, en los conductos colaterales en el río Barbaña para evitar que los vertidos vuelvan al cauce", ya que, "en nueve años, se han hecho actuaciones tímidas en la depuradora".

"Las actuaciones han sido tan tímidas que hoy (este martes) hemos denunciado otro vertido al Barbaña. Llevamos 78 denuncias, 35 corresponden al Barbaña. La CHMS no se involucra y la vigilancia de los ríos es nula. Responsabilizamos al Ayuntamiento, a la CHMS y a la empresa concesionaria. No puede volver a ocurrir", ha concluido.

PETICIONES DE FISCALÍA
La Fiscalía ha solicitado una pena de tres años de prisión para los cuatro acusados de la empresa concesionaria, así como una multa de 50 euros durante 18 meses, petición a la que se ha adherido el abogado del Estado.

Por su parte, la acusación popular reclama para los procesados una pena de tres años y cuatro meses de prisión y una multa de 60 euros al día durante 10 meses, además de la clausura de la EDAR de San Cibrao.

Mientras, los letrados de las defensas piden la libre absolución de sus clientes. La vista oral continúa este miércoles y jueves. El caso fue judicializado tras la denuncia presentada por las asociaciones vecinales de San Breixo de Seixalbo, Ponte Noalla y la Asociación Barbaña --integradas después en la Plataforma Ríos Limpos-- contra elAyuntamiento de San Cibrao das Viñas y la empresa concesionaria que gestiona la EDAR por la muerte de más de 17.000 peces del río Barbaña tras el vertido de sustancias tóxicas al mismo en junio de 2008.

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