La junta de resolución abrirá en agosto el proceso para escuchar a accionistas y acreedores afectados por el Popular

La Junta Única de Resolución (JUR) abrirá a principios de agosto el procedimiento para que antiguos accionistas y acreedores afectados por la resolución de Banco Popular soliciten "ser escuchados" en el marco del proceso de publicación del informe que determina si es necesario compensarles.

Así lo ha anunciado la presidenta de esta institución comunitaria, Elke König, durante una audiencia ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo en la que ha presentado el informe anual de la JUR correspondiente a 2017.

"Puedo informarles de que la JUR lanzará el proceso de registro para el derecho a ser escuchados a principios de agosto. Permitirá a antiguos accionistas y acreedores del Popular expresar su interés en ejercitar este derecho a ser escuchados y a presentar documentación de cara a su elegibilidad", ha explicado.

La JUR recibió el pasado 13 de junio el informe de valoración 3, elaborado también por Deloitte y que debe concluir si los afectados por la resolución de la entidad habrían recibido un trato mejor en caso de que el banco hubiera sido liquidado con arreglo a los procedimientos nacionales de insolvencia en lugar de haber seguido el procedimiento comunitario.

König ha detallado que este proceso de registro se extenderá hasta mediados de septiembre y que "entonces" estarán disponibles también tanto la versión no confidencial del informe como la decisión preliminar al respecto de la JUR.

"En una segunda fase, las personas cuya elegibilidad ha sido verificada por la JUR podrán remitir sus comentarios. La segunda fase se abrirá cuando haya finalizado la fase de registro", ha explicado la alemana.

König ha aprovechado la ocasión para insistir en que la resolución del Popular fue un "evento clave" para la JUR en 2017. "Demostró que la JUR es capaz de aplicar con efectividad las reglas actuales y llevar a cabo su mandato de garantizar una resolución ordenada con un impacto mínimo sobre la economía real, el sistema financiero y las finanzas públicas", ha defendido.

En informe anual de la JUR subraya en la misma línea que la resolución de la entidad española, la primera de la que se encargó el organismo de König, "fue ampliamente percibida como un éxito" dado que "mantuvo las funciones críticas" del banco, garantizó la estabilidad financiera y "evitó el uso de fondos públicos o de la JUR".

El documento detalla que a lo largo de 2017 los antiguos accionistas y acreedores del Popular presentaron un total de 99 acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), de las cuales dos fueron declaradas inadmisibles.