Una funcionaria acusa de "presiones" al alcalde de Ferrol y de "humillación" a la edil de urbanismo

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Un escrito presentado en el registro municipal por parte de una funcionaria del Ayuntamiento de Ferrol, en el que denuncia "presiones" por parte del alcalde, Jorge Suárez (FeC), y "humillación pública" por su edil de Urbanismo, la no adscrita María Fernández Lemos, además un trato de favor, ha provocado polémica en la ciudad, tras la publicación del tema por parte de ABC este jueves.


Por parte del ejecutivo que lidera Suárez se rechazan estas acusaciones y aseguran que "no existió ningún trato preferente a ningún integrante del gobierno". Así, apunta que un "documento oficial fue solicitado hasta en tres ocasiones en el departamento correspondiente y presentaba errores que lo invalidaba para su propósito".


En el documento registrado por la funcionaria, al que ha tenido acceso Europa Press, con fecha 24 de julio, la trabajadora asignada a Estadística, asegura que la edil de Urbanismo solicitó "de manera verbal y no por registro" un certificado de convivencia de un familiar directo, que presentaba una situación de enfermedad de carácter terminal y que al parecer, tras su primera emisión, "tenía un error".


Esto motivo que la funcionaria, según su versión, decidiera "comprobar los datos del certificado emitido y los errores detectados". Según su relato, días después regresó la edil de Urbanismo, que al comprobar que todavía no estaba finalizado: "Comenzó a gritar y a humillarme delante de las personas que allí aguardaban para ser atendidas, así como someterme a una coacción para que resolviera el asunto de forma inmediata y decir que dejara de atender al público y que resolviera lo que ella quería".


Ante esto, la funcionaria le dijo que era mejor acabar de "atender a las personas que estaban pendientes, algo a lo que se negó, saliendo (la concejala) de la oficina y batiendo fuertemente la puerta", siempre según su relato.


Tras este incidente, la funcionaría recibió un correo electrónico por parte de Alcaldía minutos más tarde, a las 15,02 horas, en el que se le indica que: "De conformidad con las indicaciones del alcalde le trasmito la orden de emitir el citado certificado y entregarlo en esta secretaría mañana, día 20 de julio, a las 09,00 horas", obligación que la funcionaría asegura haber cumplido.


VERSIÓN DEL GOBIERNO

Por parte del gobierno de Ferrol, a través de un comunicado, se ha asegurado que "tanto el alcalde, como el resto del gobierno, atienden y respetan escrupulosamente el cumplimiento de la legalidad, para los que se siguen siempre los trámites oportunos y contemplados por la legislación".


Además, deja claro que "la Alcaldía tiene la facultad de alterar la orden del despacho de asuntos y expedientes cuando existan razones justificadas".


En este caso en particular, estima que "no existió un trato preferente hacía ningún miembro del gobierno, más bien lo contrario", mientras "se produjo un perjuicio para un vecino de Ferrol, en fase terminal, que precisaba de un certificado para remitir con agilidad al juzgado y cumplir con su voluntad".


Por parte del ejecutivo que preside Jorge Suárez también se asegura que "dicho documento oficial, fue solicitado hasta en tres ocasiones en la ventanilla del departamento correspondiente, tal y como procede, por un amigo íntimo de la familia y, reiteradamente, el certificado presentaba errores que lo invalidaban para su propósito".


Por tal motivo, tras "11 días y cuatro certificados erróneos de un documento que había sido requerido con la máxima premura", fue "emitido y rectificado por última vez el 24 de julio, pero que no llegó a tiempo".


Por último, el gobierno local asegura que la publicación de esa información se fundamenta "en una queja particular emitida por una funcionaria pública sin ningún tipo de contraste ni comprobación y filtrada interesadamente con el único objeto de perjudicar al alcalde y a su gobierno", al tiempo que resalta que "la familia afectada también redactó un escrito de queja contra la funcionaria responsable".


OPOSICIÓN

Los partidos en la oposición, la portavoz del grupo municipal del PP, Martina Aneiros, ha demandado "la urgente comparecencia del alcalde" y ha considerado que "es inaceptable que un alcalde exija un trato de favor, en este caso, para la responsable de Urbanismo".


Asimismo, la popular ve estas "prácticas propias de la concepción más rancia de las viejas políticas que podría llevar a cabo un alcalde de las mareas, que se definía como el gobierno del cambio".


La popular ha abundado en que "Jorge Suárez no solo habría sido cómplice de este abuso de autoridad, sino que él mismo habría sido ejecutor de dicha acción, algo aún más grave", que a su entender supone también "la vulneración de los derechos de los trabajadores municipales y un trato de favor hacía un miembro del gobierno local".


Por su parte, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Beatriz Sestayo, ha asegurado que "de ser cierto lo que se traslada, debería de originar ceses inmediatos, porque el autoritarismo y las coacciones a los trabajadores, y los usos privilegiados que se relatan, son incompatibles con la ética de cualquier representante público".


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