Piden más de tres años de cárcel para un funcionario público por cobros ilegales y ocultación de documentos oficiales

La Fiscalía demanda también la inhabilitación en su cargo durante 7 años y el pago de una multa a los perjudicados por valor total de 876 euros

La Fiscalía ha pedido tres años y ocho meses de prisión para un funcionario público destinado en el Gabinete Territorial de la Asesoría Jurídica de Lugo, por realizar cobros ilícitos a personas con trámites pendientes en la Administración autonómica y por ocultar y no custodiar como debería documentos oficiales.

En concreto, según señala el escrito de acusación, a finales de 2012 este funcionario, con el objetivo de "enriquecerse ilícitamente", se puso en contacto con diversas personas con trámites pendientes en dicho servicio público para ofrecerles la realización de "bastanteos".

Los "bastanteos" son un trámite accesorio de acreditación de la suficiencia de poderes de representación, que lleva asociada una tasa de seis euros. Así, les hizo creer, tal y como indica el escrito, la necesidad de pagar el mismo, y cobrándoles así una cantidad "muy superior" a la reglamentaria, de la que se apropió.

Estos hechos, tal y como ha advertido el Ministerio Público, son constitutivos de un delito continuado de exacciones ilegales y de un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos públicos. Así, deberá pagar a las víctimas de sus actos un total de 876 euros a repartir entre todos los perjudicados.

Por todo ello, la Fiscalía pide también para el acusado la pena de 18 meses de multa con el pago de 10 euros diarios, y la suspensión de su empleo y cargo público durante dos años y seis meses, por el delito de exacciones ilegales continuadas.

Además, por el delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos públicos solicita la pena de prisión de dos años y dos meses con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo periodo; y una multa de 18 meses por 10 euros diarios y su inhabilitación durante cuatro años y seis meses.

NUEVE PERJUDICADOS
Entre los perjudicados, un total de nueve, se encuentra un asesor jurídico de la empresa mercantil Transportes DA SL, al que le ofreció a finales de septiembre o comienzos de 2012, según ha apuntado la Fiscalía, realizar 40 bastanteos, con el pretexto de "evitar trámites para cuando se le plantease la urgente necesidad de su presentación ante el órgano administrativo". Así, le cobró 240 euros.

Por su parte, ofreció bastanteos a una representante de Q. SC, en octubre de 2012, al hacerle creer que tal requisito era imprescindible para el programa 'Ayuda de leche escolar'. Esto no acudió a la citación al entender que era una estafa, ya que las tasas son públicas.

También a una representante de la mercantil Electricidad C, a finales de 2012, le ofreció bastanteos por 186 euros, aunque el acusado acabó por devolverse esa cantidad en enero de 2013 con motivo de la queja que esta iba a presentar en la Delegación de la Xunta de Galicia en Lugo, tras ser informada por otra funcionaria de la irregularidad del trámite.

Además, a una representante de N. Enerxía SL consiguió hacerla pagar 10 bastanteos, por seis euros cada uno, en octubre de 2012, aunque recibió solo cinco ya que el resto no llegaron a ser entregados.

MÁS PERJUDICADOS
A estas víctimas se suma también, según recoge el escrito de la Fiscalía, un representante de Sistemas M. SL, a quien el acusado llamó repetidamente a finales de octubre o principios de noviembre de 2012 y le ofreció realizar varios bastanteos, con la excusa de evitar demoras que generaría la petición cuando se fuesen necesitando. Así, el 7 de noviembre encargó 3 bastanteos, pagando 18 euros.

También un representante de la Sociedad X. SL, en octubre de 2012, le pagó al acusado 150 euros, tras haber sido requerida telefónicamente, porque le manifestó que era obligatorio el bastanteo para concursar en obras públicas, estando pendiente dicha empresa de una adjudicación.

Otro de los perjudicados fue un representante de la entidad C. Lugo SL, requerido en octubre de 2012 para realizar 25 bastanteos, y pagó 150 euros, de los que le fue entregado solo uno. Se enteró de la posible irregularidad por una noticia publicada en los medios de comunicación. Asimismo, una representante de la sociedad Construcciones S. SL, en octubre de 2012, realizó una solicitud de bastanteo por la que pagó 204.

Finalmente, un representante de la sociedad I. Exeñeiros SL, previa llamada del acusado ofreciéndole realizar varios bastanteos para evitar la demora que generaría la petición de los mismos una vez se fueron necesitando, en octubre de 2012 le pagó 120 euros por la realización de 20 bastanteos.

DESTRUCCIÓN Y OCULTACIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES
Por otra parte, según ha señalado la Fiscalía, en diversas ocasiones y durante un periodo de tiempo durante el año 2012, el acusado entregó a las personas encargadas del servicio de limpieza de la Xunta en Lugo documentos correspondientes a los expedientes del Gabinete Xurídico, con el propósito de hacer desaparecer tal documentación oficial.

Además, a finales de enero de 2013, con el mismo propósito, el acusado ocultó documentación de la misma naturaleza, que había preparado la letrada del gabinete y la jefa de sección para trasladarla al archivo del edificio.

En esta línea de actuaciones, tras recibir en junio de 2012, después de recibir de la letrada jefe del gabinete una copia de una sentencia para guardarla, el acusado arrancó y tiró a la papelera el oficio judicial de la notificación.

En enero de 2013 devolvió dinero, y no solo la documentación que le entregó para hacer los bastanteos, sino también la que ella presentó en el registro para participar en una licitación.