Solo el 23% de los ayuntamientos gallegos cuenta con presupuestos aprobados en plazo

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En 2018 solo el 23% de los ayuntamientos gallegos han sido capaces de aprobar sus presupuestos en plazo --antes del 31 de diciembre del año anterior-- y, de media, de 2014 a 2018, el porcentaje se sitúa en el 30%, lo que supone que solo 3 de cada 10 localidades aprobó sus cuentas en tiempo y forma.

Así lo refleja el informe elaborado por el Observatorio Municipal Gallego, dentro de la Red de Administración Local (Red Localis), gestionada por el grupo de investigación GEN de la Universidad de Vigo, y que advierte de las dificultades y la "escasa capacidad" de los ayuntamientos gallegos para aprobar presupuestos.

El estudio atribuye esta situación al "complejo arco representativo surgido de las elecciones municipales de 2015, la falta de personal técnico para la correcta elaboración de los mismos, la reducción del número de empleados, el retraso en las aprobaciones de las cuentas de Estado o de la Xunta y los problemas de gestión presentes en muchos municipios gallegos".

El informe pone el acento en los ayuntamientos que "año tras año" acuden de forma sistemática a la prórroga presupuestaria. De hecho, en esta situación hay 17 con menos de 5.000 habitantes, 16 entre 5.000 y 10.000, 4 entre 10.001 y 50.000 y 3 de más de 50.000 vecinos que han prorrogado dos veces o más sus presupuestos.

En este último caso, se sitúan las ciudades de Lugo, Ferrol y Ourense. De 10.001 a 50.000 habitantes, han prorrogado sus cuentas 2 veces o más, entre 2014 y 2017, las localidades de Ames, Marín, Ponteareas y Redondelas, y entre los de menos de 10.000 habitantes, los de Bergondo, Ortigueira, Teo, Pontedeume o Neda.

Por otra parte, también se refleja que existe "cierto patrón de comportamiento" para los ayuntamientos que tardan más de 6 meses en aprobar sus cuentas. En este caso, hay 14 municipios de hasta 5.000 habitantes y 9 de 5.001 a 10.000 que aprobaron sus cuentas con una dilación de más de medio año. Sin embargo, ningún municipio de más de 20.000 habitantes está en esta situación.

Además, entre 2014 y 2017, el 35% de los ayuntamientos que contaron con un nuevo presupuesto fuera del plazo ordinario lo hicieron con un retraso de 3 meses o menos, mientras que el 16% lo hizo con una demora de entre 3 y 6 meses y hasta el 7% con un retraso de entre 6 y 9 meses, con lo que se genera "un grave problema" para ejecutar las cuentas, resalta el informe.

El estudio advierte que la prórroga de las últimas cuentas aprobadas debe entenderse como algo extraordinario, "pero no repetitivo" en el tiempo, porque puede permitir pagar nóminas de empleados y gastos corrientes pero no modificar inversiones.

En paralelo, obliga a aprobar continuas autorizaciones de crédito, "a todas luces poco recomendable", por tratarse tan solo de una política de "parcheo ante la ausencia de presupuestos municipales actualizados".

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