#Claves de la semana

Un policía pontevedrés acusado de tráfico de droga pide la nulidad de las actuaciones por "ausencia de control" judicial

La Sección segunda de la Audiencia de Pontevedra ha aplazado hasta el próximo 27 de noviembre el juicio contra Lucas R.P., un agente de la Policía Nacional acusado de los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas prohibidas, atentado y revelación de información reservada, después de que la defensa pidiese la nulidad de las actuaciones por "ausencia total de control judicial sobre las intervenciones".

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La Sección segunda de la Audiencia de Pontevedra ha aplazado hasta el próximo 27 de noviembre el juicio contra Lucas R.P., un agente de la Policía Nacional acusado de los delitos de tráfico de drogas, tenencia de armas prohibidas, atentado y revelación de información reservada, después de que la defensa pidiese la nulidad de las actuaciones por "ausencia total de control judicial sobre las intervenciones".

Entre otros argumentos, el letrado de la defensa ha citado que, en la intervención de 42 teléfonos, "el control fue inexistente" y ha asegurado que "se traspasaron todos los límites legales y se vulneraron sus derechos fundamentales".

Por el contrario, la Fiscal ha argumentado que hubo un "escrupuloso control" y que estaba "justificada" la intervención de las comunicaciones.

La representante del Ministerio Público ha recordado que este agente, ahora jubilado, pasó por el banquillo el pasado mes de junio junto con otros 13 acusados que aceptaron unas penas que oscilan entre los tres meses y el año y medio de prisión tras admitir que integraban distintos grupos no relacionados entre sí que traficaban con droga en distintos puntos de la provincia.

Lucas R.P. fue el único que se negó a reconocer unos hechos que se remontan al año 2006, cuando estaba destinado en la oficina de denuncias de la Comisaría de Pontevedra.

El Ministerio Público pide una pena de dos años y nueve meses por el delito contra la salud pública, 21.000 euros de multa y 14 meses de multa a razón de doce euros al día así como la inhabilitación para el empleo de policía por espacio de año y medio. El tribunal provincial estudiará durante este tiempo la petición de nulidad de las actuaciones presentada este miércoles por el abogado de la defensa.

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