Aplazado el juicio contra un constructor pontevedrés que se enfrenta a 14 años de prisión por falsificar licencias

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Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra han aplazado para el próximo jueves 18 de octubre la celebración del juicio contra Manuel G.R., apoderado de la empresa Rustihogar 2009, con sede en Tui, al que se le acusa de falsificar documentos del Ayuntamiento de O Porriño, en concreto dos licencias de obra, para vender dos casas por un total de 322.000 euros. Fiscalía pide para él 14 años de cárcel.

Este martes, al inicio de la vista oral, la abogada de la defensa del constructor ha pedido la suspensión del juicio alegando que no había sido notificada "convenientemente". Se han opuesto a esta petición tanto la Fiscalía como las cuatro acusaciones, ejercidas por los colegios de aparejadores y de arquitectos, el Ayuntamiento de O Porriño y los perjudicados.

El tribunal ha rechazado la existencia de irregularidades procesales pero, "para ser pulcros con el derecho a la defensa", ha accedido a posponer el juicio una semana, después de recordar que el acusado ya ha tenido varios abogados a lo largo de esta causa, por lo que entiende que "no es problema" de la letrada actual sino del procesado, "que no ha querido defenderse adecuadamente".

Por su parte, el constructor ha alegado que sufre leucemia desde el año 2012, que tiene "una válvula dañada" y que se encuentra en tratamiento psicológico. "No estoy para andar recordando nada de esto", ha dicho.

FALSEDAD Y ESTAFA
La Fiscalía solicita 14 años de prisión para Manuel G.R. por un delito continuado de falsedad en documento oficial en concurso ideal con un delito de estafa, por cada una de las ventas realizadas.

Según el relato de los hechos que hace el Ministerio Público, "para lograr obtener un beneficio injusto", dado que las viviendas unifamiliares "no contaban con las debidas licencias de obra por parte del Ayuntamiento de O Porriño", el acusado decidió confeccionar dos documentos dándole la apariencia de ser licencias municipales, así como elaborar y firmar dos "certificados finales de la obra", como si fueran realizados por la dirección facultativa y con el "aparente visado" del Colegio de Arquitectos de Galicia.

Una vez que confeccionó todos estos documentos, con los que pretendía acreditar su solvencia y dar una mayor veracidad a los proyectos, se los mostró a las futuras propietarias, "haciéndoles creer que las viviendas cumplían la normativa y eran susceptibles de ser ocupadas". Con ello, consiguió que le comprasen las casas unifamiliares a un precio de 147.763,27 euros la adquirida por R.I.C. y de 175.298,57 euros en el caso de S.R.G..

El engaño se destapó al pedir los propietarios la licencia de primera ocupación, descubriendo que los chalets se habían construido sin licencia.

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