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Ciudadanos pregunta a la Xunta "cómo de preparado está" el personal de la Administración en reanimación cardiopulmonar

Olga Louzao asegura que la subida del SMI será un "nuevo varapalo" para los autónomos, "también en Galicia"

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Olga Louzao (Cs)

Olga Louzao asegura que la subida del SMI será un "nuevo varapalo" para los autónomos, "también en Galicia"

Ciudadanos Galicia ha registrado este martes una pregunta en el Parlamento gallego para saber cómo de preparado está" el personal de las administraciones dependientes de la Xunta para realizar una correcta reanimación cardiopulmonar (RCP).

Según ha informado el partido en un comunicado, la portavoz su portavoz en la Comunidad gallega, Olga Louzao, ha incidido en que hoy en día, en "multitud" de espacios públicos hay desfibriladores automáticos, una medida que, sin embargo, ve "insuficiente".

"Según datos oficiales, menos de uno de cada diez pacientes con una parada cardiaca en la vía pública sobrevive, y realizando una correcta reanimación RCP se podrían salvar unas 100.000 vidas al año en Europa", ha explicado.

Ante ello, y con motivo de la celebración este martes 16 de octubre del Día Europeo de Concienciación del Paro Cardíaco, la formación naranja ha registrado esta iniciativa en la Cámara gallega sobre si los trabajadores de las administraciones públicas tienen conocimientos "básicos" en RCP o si disponen de cursos para adquirir competencias en esta materia.

INICIATIVA EN EL CONGRESO
Además, la portavoz de Ciudadanos Galicia ha explicado la proposición no de ley que su partido ha presentado en el Congreso para "facilitar la cotización de los autónomos, que en Galicia suponen un 6 por ciento del territorio nacional" --más de 215.000, de acuerdo con sus números--.

Así, Louzao ha asegurado que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) pactado entre PSOE y Unidos Podemos "representa un nuevo varapalo del Partido Socialista" a los autónomos, "también en Galicia".

Y es que, según sus cifras, los trabajadores por cuenta propia de la Comunidad pasarán a pagar unos 420 euros más al año, "un sobre coste que, con la subida de otros impuestos y otros costes como los del transporte, implica que la gran medida pactada por Sánchez e Iglesias supone un empobrecimiento de este colectivo".

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