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El Ayuntamiento de Arteixo defiende su decisión de subrogar a los trabajadores y alude a "informes técnicos"

El Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña) ha defendido su decisión de subrogar trabajadores del Consorcio das Mariñas, después de anunciar la Fiscalía Provincial de A Coruña que presentó en el Juzgado de Guardia un escrito en el que solicita que se investigue, por indicios de prevaricación administrativa, este paso.

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El Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña) ha defendido su decisión de subrogar trabajadores del Consorcio das Mariñas, después de anunciar la Fiscalía Provincial de A Coruña que presentó en el Juzgado de Guardia un escrito en el que solicita que se investigue, por indicios de prevaricación administrativa, este paso.

En un comunicado, el Ayuntamiento, que dirige el popular Carlos Calvelo (PP), esgrime que defenderá ante el juzgado su decisión de "municipalizar" el servicio de recogida de residuos, "un servicio esencial y obligatorio para el que se acaban de sacar a concurso público ocho plazas".

Añade que se ejecutó una cláusula de retorno de cinco trabajadores que prestaban su servicio en el Consorcio das Mariñas a través de Cespa y que fueron trabajadores públicos hasta que en el 2001 se privatizó el servicio, y se subrogó a seis trabajadores que según el artículo 44 del Estatuto de Trabajadores y la Directiva Europea 2001/23 tenían derecho a mantener el puesto de trabajo que ya tenían en el sistema de recogida de residuos.

"El Ayuntamiento de Arteixo tomó la decisión de subrogar a estos últimos trabajadores con informes técnicos que defendían la obligación de realizar dicha subrogación, aunque el informe de la interventora municipal señalaba que esta subrogación no seguía el trámite administrativo correcto", incide.

El Ayuntamiento de Arteixo --remarca el comunicado-- "se enfrentó en su día a normas administrativas contradictorias", pero "siguió el criterio de proteger la estabilidad laboral de esos seis trabajadores" en virtud del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y la Directiva Europea 2001/23, que señalan "la obligación de la administración local de mantener los puestos de trabajo ya existentes en el servicio de recogida de residuos".

"Bajo ese paraguas legal, seguirá defendiendo ahora la necesidad de la subrogación para mantener un servicio público esencial", zanja.

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