La Xunta niega que se produzca acoso inmobiliario a los inquilinos de un edificio público en Ourense

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La Xunta ha negado "de forma rotunda" que se produzca una situación de acoso inmobiliario a dos inquilinos en un edificio público propiedad del Gobierno gallego en Ourense, después de que Fiscalía haya interpuesto una querella contra dos cargos de la Consellería de Facenda, la secretaria xeral técnica y de Patrimonio y el subdirector de Patrimonio, por este motivo.

Según apunta la Consellería de Facenda sobre esta cuestión, intentó llegar a un acuerdo amistoso "en reiteradas ocasiones" con ambos inquilinos y ofreció una indemnización y un alquiler en condiciones similares. "De hecho, la persona que presentó una denuncia también mostró su disposición a negociar", asegura.

Fiscalía afirma que estos dos cargos de Facenda, ante la situación de que el edificio "era solo ocupado como arrendatarios" por dos personas --una mujer de avanzada edad y un hombre--, "entendieron que la Xunta había de recuperar la plena posesión" del mismo "lanzando" a los inquilinos a través de "resortes legales" y "medidas de presión no legítimas".

Sin embargo, Facenda niega esas presiones y sostiene que "es falso" que en el edificio no haya servicio de limpieza, pues "sí que lo hay, contratado y pagado por la Xunta de Galicia", según ha apuntado a Europa Press.

Respecto al estado del ascensor, explica que fue clausurado en enero por la empresa responsable de la inspección por las deficiencias detectadas. Indica que su reparación fue contratada en mayo y la empresa traslada que "quedará reparado en próximos días", en una actuación de "excesiva complejidad", puesto que tiene más de medio siglo y "hubo que fabricar las piezas a medida porque ya no existían".

Asimismo, la Consellería informa de que no ha recibido ninguna notificación sobre la querella de la Fiscalía, si bien muestra su "total disposición" a colaborar con la justicia en lo que sea preciso.

La Xunta es propietaria de este inmueble de cinco plantas en Ourense desde el año 2000 procedente de la extinta Cámara de Propiedad Urbana. Entonces, el Gobierno gallego se subrogó en los contratos de alquiler concertados por la Cámara con las dos personas que vivían en el inmueble, contratos que se mantienen hasta ahora. Su intención es desde 2001 rehabilitar y darles nuevos usos administrativos al edificio para reducir el gasto en alquileres.

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