La Xunta niega que distribuya fondos entre ayuntamientos del PP ante las acusaciones de "caciquismo" del PSdeG

El conselleiro de Medio Rural, José González, ha negado que las ayudas del Plan de Infraestruturas Rurais (PIR) se repartan bajo criterios partidistas con preeminencia por los municipios gobernados por el PP; al tiempo ha invitado al Grupo Socialista a "hacer las cuentas" sobre cuál es el porcentaje de ayuntamientos del rural gallego dirigidos por los populares en comparación con el resto de fuerzas políticas.

"En el rural la mayoría de la gente vota al PP", ha aseverado González este martes en respuesta a la pregunta efectuada en sesión plenaria por la parlamentaria socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, que ha calificado de "caciquil" la actuación de la Consellería de Medio Rural en la distribución de los fondos del PIR, en el que "ser del PP es el criterio que más peso tiene".

La diputada del PSdeG ha señalado que "el 86 por ciento" de los municipios beneficiados por estas subvenciones "están bendecidos con el dedo sagrado" de la Consellería do Medio Rural por estar gobernados por el PP a la hora de recibir ayudas de un plan que contaba con 2,7 millones de euros de presupuesto.

José González ha incidido en que entre los beneficiarios de las ayudas "hay ayuntamientos gobernados por otros partidos" y no solo por el PP, si bien ha recordado que los populares ostentan el gobierno en "la mayoría" de los municipios rurales.

Además, ha remarcado que el procedimiento de concesión de ayudas es llevado a cabo "por funcionarios" y no "por políticos". Asimismo, ha avanzado que el departamento de Medio Rural invertirá 2,7 millones de euros en un total de 65 ayuntamientos para llevar a cabo actuaciones en materia de infraestructuras con carácter de urgencia.

De este modo, González ha explicado que esta orden de ayudas permitirá "acondicionar 125 caminos" que suman más de 73 kilómetros, instalar medio kilómetro de canalizaciones de abastecimiento de agua y regadío, así como llevar a cabo trabajos de reconstrucción en "más de 200 metros de muros de piedra en caminos".

CARRETERAS
Por otra parte, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha defendido las actuaciones del Gobierno gallego en materia de construcción de carreteras "a pesar de la crisis" y de las "hipotecas" y "agujeros" que, dice, dejaron en las cuentas de las administraciones los gobiernos socialistas en la Xunta y en el Estado.

El diputado socialista, Luís Álvarez, ha interpelado al Gobierno acerca de la ejecución del Plan Move, una iniciativa que, según el parlamentario, "nació con obsolescencia preparada" y cuyo balance de ejecución es "espeluznante" pues "a dos años" de su conclusión "apenas" alcanza "el 29 por ciento" .

Vázquez ha señalado que "en los años de la crisis" la Xunta ha construido "más de 200 kilómetros" de vías de alta capacidad, lo que supone que "el 83 por ciento de la población" de Galicia está ahora "a menos de 15 minutos" de una carretera de estas características.

BONO ELÉCTRICO
En Marea ha pedido este martes en la Cámara gallega que todas las comercializadoras eléctricas, incluidas las de libre mercado, puedan ofrecer las ayudas del Bono Social, una medida que ha sido rechazada por el Grupo Parlamentario Popular, que ha defendido el sistema de apoyos aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La iniciativa ha sido expuesta en el pleno de la Cámara gallega por el diputado de En Marea Francisco Casal, que ha calificado de "ridículo" el porcentaje de personas a las que llegan las actuales ayudas. "¿Qué pasa con las más de 600.000 personas en Galicia y 15 millones en España que están en el mercado libre?", ha cuestionado el parlamentario que ha asegurado que nada tiene que ver la compañía con las necesidades de los usuarios.

La propuesta de En Marea ha contado con sendas enmiendas aceptadas por el grupo rupturista de BNG y PSdeG. Así, en primer lugar, la nacionalista Noa Presas ha criticado la "falta de voluntad política" del PP para solucionar este problema y ha reclamado un nuevo marco regulatorio para la energía que deroge la actual Ley del sector eléctrico para situar la energía como "un derecho" y no "como una mercancía". Además, también ha pedido que se baje el IVA del 21% a la electricidad.

Por su parte, el socialista Abel Losada ha censurado que el PP se caracterice por "negar el problema" relativo a la pobreza energética, ha pedido que se duplique la cantidad que la Xunta destina en sus cuentas al tique eléctrico social y ha exigido la puesta en marcha de campañas informativas sobre la factura eléctrica.

Enfrente, la popular Marta Nóvoa ha mostrado el rechazo de su grupo a esta iniciativa y ha abogado por esperar a la Estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética para abordar más reformas dirigidas a los consumidores más vulnerables.* Así, ha recordado que el Gobierno central tiene un plazo de seis meses para aprobar este documento, que contará con las comunidades, ayuntamientos, consumidores y con el sector.