Yolanda Díaz pide que el Gobierno intervenga las fábricas de Avilés y A Coruña y que pasen a depender de la SEPI

La diputada de En Marea acusa a la multinacional americana de no querer enajenar las instalaciones de A Coruña y Avilés

La diputada nacional de En Marea, Yolanda Díaz, se ha posicionado a favor de aplicar "el articulo 128.2 de la Constitución Española" para los centros productivos de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias), de modo que en caso de que "no aparezca un comprador" para ambas fábricas que evite su cierre, se realice "una intervención en las empresas", alegando que "la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está para esto".

Díaz así lo ha manifestado en Ferrol, en donde a preguntas de los medios de comunicación, ha abundado en que el próximo martes, 7 de noviembre, mantendrá una reunión de trabajo con el presidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, en donde planteará "con contundencia estas medidas", ya que a su entender "lo que no es normal" es que se esté ante "una Unión Europea en la que todos los gobiernos intervienen en sus empresas y el Estado español realice dejaciones de funciones".

"Alcoa es una pieza estratégica para Galicia, para Asturias y para el conjunto del Estado, hay demanda mundial en materia de aluminio, los números están ahí y no hay ninguna razón que ampare el sin sentido de la multinacional americana", ha aseverado. "Por lo tanto vamos a poner toda la carne en el asador", remarcó.

GARANTIZAR EL MERCADO
La diputada en la Cámara Baja también ha manifestado que "Alcoa lo único que está haciendo es garantizar el mercado, ya que incluso lo que no quiere es que se produzca una sustitución de empresa, que es el problema real. Por lo tanto, "si pone obstáculos, tal y como está sucediendo, reclamaremos la aplicación del artículo 128.2", advirtió, aprovechando para criticar que "parece que en este Gobierno solo se aplican dos preceptos, el articulo 135.3 y el 155".

El artículo reclamado por Díaz para su aplicación establece que "se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".