El BNG propone 5 impuestos, incluido para bebidas azucaradas, para recaudar 200 millones frente a las cuentas de Xunta

Denuncia una operación "especulativa" en la ley de acompañamiento para un centro comercial junto a la ciudad deportiva del Celta en Mos

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentará, en su enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Xunta para 2019, una alternativa a las cuentas autonómicas que atañen a cinco impuestos, entre ellos, uno de nueva creación para las bebidas con exceso de azúcar. Con esta modificación que proponen los nacionalistas gallegos, se recaudarían 200 millones de euros.

La propuesta ha sido presentada por la diputada del BNG Noa Presas en rueda de prensa, en la que también ha estado su compañero Luís Bará, para denunciar el "pelotazo" que, según dijo, recoge la conocida como Ley de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta y que se refiere a la modificación del plan general de Mos para la construcción de la ciudad deportiva del Celta y "un centro comercial", con "intereses" puramente "privados".

Sobre los impuestos, Noa Presas ha explicado que es una fórmula para "una Galicia del siglo XXI, que no puede seguir con el mismo marco fiscal". "Supondría más recursos", ha explicado, antes de detallar, en primer lugar, que habría que implantar una "progresividad real" y "suprimir las modificaciones regresivas" del impuesto de sucesiones, con lo cual se recaudarían 100 millones de euros.

Además, el BNG propone recaudar 30 millones de euros con un impuesto a las grandes superficies comerciales y 11 millones de euros con un impuesto para las bebidas con exceso de azúcar, lo cual, además del impacto directo, "tendría repercusiones muy importantes" en el ámbito sanitario y salud de la gente.

Los nacionalistas también proponen crear un nuevo impuesto para los servicios y comunicaciones electrónicas, con el que se alcanzarían los 5 millones de euros. Sería, ha explicado Presas, un "canon para las operadoras de telefonía", que "no" se podría repercutir en el usuario, y tendría un carácter "finalista".

Al respecto, la diputada del BNG ha subrayado que ya existe en otros países de Europa y ha destacado que se podría utilizar para potenciar el audiovisual, como "es una de las demandas de las asociaciones gallegas ligadas a este sector".

El cuarto de los impuestos sería sobre las viviendas vacías, destinado únicamente a personas jurídicas y no físicas. Pasados dos años sin emplear la vivienda, se gravaría y, ha dicho, esto permitiría recaudar 36 millones de euros.

Noa Presas ha justificado este impuesto sobre la base de que "la principal inmobiliaria" en este país son "los fondos buitres" y ante un "parque muy limitado", se busca que "no se apoderen del mercado".

Finalmente, el quinto gravamen se impondría a las eléctricas por el impacto social y ambiental de las redes de alta tensión a lo largo de la geografía gallega. Noa Presas ha reconocido que se está llevando a cabo un enterramiento de estas líneas, pero ha advertido de que estas actuaciones "están yendo con mucha lentitud", por lo que este impuesto "incentivaría su ocultación" y serviría para "obtener recursos económicos" mientras.

LEY DE ACOMPAÑAMIENTO
Por su parte, Luís Bará ha denunciado que una de las modificaciones que hace la Ley de acompañamiento está "hecha a medida de los intereses de negocios especulativos", una "auténtica cacicada" en el sur de la provincia de Pontevedra "en favor de los intereses privados".

Se trata, dijo, de la ciudad deportiva para el Celta, que es "una SA", en Mos. "Un macro negocio que se pretende instalar en el área de Vigo de esta forma", añadió, con una declaración de interés general para una obra que, ha agregado, lleva aparejado un centro comercial.

En este sentido, Bará ha observado que este tipo de infraestructura no se puede considerar de interés general, como sí lo es, añadió, un hospital o un centro educativo. Son, explicó, 240.000 metros cuadrados con 120.000 de superficie construida conectado con las principales vías de comunicación (como la A-55 y la AG-57). "No vemos por ningún lado el interés público en un proyecto privado, el Celta es una SA, y puede ser de capital catarí o chino" en unos años", ha señalado.

El diputado nacionalista ha incidido en que detrás de este proyecto hay "una operación especulativa, un macrocentro comercial de uno de esos grandes grupos de capital especulativo que llevan tiempo queriendo situarse en el área de Vigo".

Bará ha remarcado que la operación semeja un "derecho de pernada medieval aplicado al siglo XXI". "Una enorme vuelta atrás en materia urbanística", ha sentenciado.