Demandan ante los juzgados de Ferrol que el Supremo "defienda los intereses de las personas frente a los de la banca"

Integrantes de PAH de Ferrol y Stop Desahucios se concentran para pedir que sean los bancos los que paguen el impuesto de hipotecas

Alrededor de una docena de integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Ferrol y Comarca y de Stop Desahucios se han concentrado en la mañana de este lunes ante los juzgados de Ferrol para demandar al Tribunal Supremo que "defienda los intereses de las personas frente a los de la banca".

Así, la protesta se ha centrado en pedir "que se suspenda el denominado impuesto de las hipotecas a los beneficiarios de las mismas", tal y como ha reseñado el portavoz de estas plataformas, Ignacio Martínez, justo el día que se reúne el pleno del Alto Tribunal para decidir sobre si este tributo afecta a las entidades bancarias o a los clientes.

En este contexto, Martínez ha criticado que, "por regla general, lo que se está haciendo desde el Tribunal Supremo y desde los gobiernos es salvar a la banca, cuando los tribunales de justicia de la Unión Europea (UE) están diciendo continuamente a través de resoluciones, sentencias e incluso a través de una directiva, que la legislación española en el ámbito hipotecario es ilegal".

Además de la concentración en Ferrol, han sido convocados actos de protesta similares en otras localidades de Galicia y del resto del Estado "para reclamar el acabar con las interferencia de la banca con los poderes tanto de los gobiernos como del Ibex-35".

A renglón seguido, Martínez ha reivindicado que "los tribunales tienen que ser completamente independientes" y "respetar las sentencias que así lo avalan".

DESCONFIANZA DEL FALLO
El portavoz de la concentración también ha destacado que el fallo en cuestión ha sido dictado por "seis magistrados especialistas en derecho tributario" y que pertenecen a la Sección Segunda del Juzgado Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Así, este dictamen está siendo ahora estudiado por el pleno del Alto Tribunal, "compuesto por 31 magistrados y que no son especialistas en esta materia", según ha advertido Martínez.

Por ello, ha lamentado que "tendrá que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que vuelva a decir que es abusivo, y lo que motivará será un nuevo retraso y de nuevo obligará a plantear nuevos recursos y continuar retrasando y cansando a la ciudadanía, cuando lo que realmente falla es la legislación española".