La Xunta niega que haya viviendas turísticas sin regular y En Marea pide medidas contra una "actividad ilegal"

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Román Rodríguez, conselleiro de Educación, en el pleno del Parlamento

El conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, ha defendido que en Galicia no existen viviendas turísticas "ilegales", porque están reguladas por el decreto aprobado por la Xunta en el año 2017. Así lo ha respondido ante la pregunta formulada en el Parlamento por En Marea, que alerta de la "proliferación" de esta modalidad turística por suponer una "actividad ilegal" e "invisible para las arcas públicas".

"Decir que es ilegal es una auténtica falsedad, está llamando ilegal a muchas personas, familias, jubilados, amas de casa que tienen pisos de alquiler, que gracias al decreto de la Xunta en 2017 pueden desarrollar la actividad de forma legal y con seguridad para usuario y para el propietario", ha asegurado Román Rodríguez, en respuesta a la pregunta de la diputada de En Marea Luca Chao.

Así, el conselleiro ha alegado que "las viviendas de uso turístico están regularizadas y son legales" y ha defendido una modalidad turística que puede ser utilizada por "familias que no pueden pagar un hotel".

Según los datos que ha aportado y con los que ha rebatido las cifras de Luca Chao, en Galicia hay 7.248 viviendas de uso turístico. De ellas, 454 estarían ubicadas en Santiago, lo que supondría cerca de 2.000 plazas.

Román Rodríguez ha acusado a En Marea de realizar "una visión negativa" del turismo en Galicia, con "seguidismo de lo que sucede en otras comunidades" y con "afirmaciones absolutamente falsas".

Por ello, tras instar a Luca Chao a que denuncie las viviendas ilegales turísticas que pueda conocer, ha asegurado que "es falso que se esté expulsando a la población autóctona" o que el decreto de la Xunta sea "incapaz" de regular esta situación.

ACTIVIDAD "ILEGAL"
Desde en Marea, en cambio, se ha alertado de que en Galicia existen casi "34.000 viviendas en alquiler turístico, cuando todos los hoteles juntos no suman más de 57.000", y se ha puesto el acento en que además de una actividad "ilegal" es "invisible" para las arcas públicas.

Como ejemplo, Luca Chao ha citado el caso de Santiago, en el que ha cifrado en "un impacto de 9 millones de euros" la cantidad económica que se habría dejado de ingresar por este tipo de alquileres en 2017.

Luca Chao ha advertido además que esta modalidad turística estaría reduciendo hasta en un 40% el mercado de vivienda en alquiler ordinario y estaría "expulsando" la población autóctona del centro de las ciudades, por lo que ha exigido medidas de la Xunta para frenar su "proliferación".

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