Fiscalía mantiene su petición de hasta 13 años y medio de prisión para los acusados de tirotear a dos hombres en el CHUO

Las defensas mantienen que la intención de los imputados no era matar a una de las víctimas

La Fiscalía ha decidido mantener en sus conclusiones finales la petición de penas de prisión de entre 10 y 13 años y medio para seis acusados por los delitos de intento de homicidio, desorden público, amenazas, delito continuado de daños y tenencia ilícita de armas derivados de tirotear a un hombre y a su hijo el 15 de mayo de 2016 en la puerta del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

Así lo ha expuesto la representante del Ministerio Público este miércoles en la tercera sesión del juicio --que se ha desarrollado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense durante los tres primeros días de esta semana--, donde también han presentado sus conclusiones los letrados de la defensas, así como el actor civil, y han tenido la última palabra los seis encausados.

De esta manera, el Ministerio Fiscal confirma que tres de los acusados --un padre y sus dos hijos--, con la intención planificada de matar a un hombre por haber traído al centro hospitalario a la hija y hermana de éstos para dar a luz, "menospreciando la seguridad pública del lugar", dispararon con escopetas "a unos 20 metros aproximadamente" a éste, al que las balas alcanzaron en la cabeza, en el cuello y en un hombro.

La fiscala ha concretado que el daño producido "se ha encubierto" por parte de los procesados y ha acusado a todos ellos de participar en el tiroteo, ya que ha considerado que, a diferencia de lo expuesto por los abogados de las defensas, sí había más de tres personas con armas en el momento de los hechos.

En este sentido, la representante del Ministerio Público ha solicitado la deducción de los testimonios de las dos víctimas, así como de varios testigos vinculados a efectos familiares con los implicados en el relato.

Asimismo, ha subrayado que "la cantidad de impactos contra el mostrador del edificio" es una muestra del "desprecio total" de los acusados hacia el sitio público en el que se localizaban los individuos, que consiguieron "perturbar" la "paz social" del entorno del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.

Por su parte, el actor civil se ha adherido a la petición del Ministerio Público y ha solicitado para el Sergas una cantidad de 3.831,14 euros en concepto de resarcimiento, derivada de los daños sufridos por el edificio hospitalario, así como de la atención sanitaria requerida por las dos víctimas tras el tiroteo.

DELITO DE LESIONES AGRAVADAS
El abogado de tres de los acusados ha defendido la inocencia de uno de ellos, ya que la prueba de parafina le resultó negativa, por lo que, ha concretado, "mantener su acusación no se apoya en elementos probatorios".

A su vez, ha solicitado para sus otros dos patrocinados que, en tal caso, se califiquen sus hechos como un delito de lesiones agravadas y no como intento de homicidio, ya que la intención "no era matar a una de las víctimas", así como que se tenga en cuenta el desistimiento activo de uno de sus clientes y el daño reparado --puesto que ya han pagado a ambas víctimas la responsabilidad civil demandada por Fiscalía--.

Además, este letrado ha solicitado a la Sala que se contemple que los hechos se circunscriben a una "etnia distinta" que "tiene otra forma de expresarse" y ha puesto en tela de juicio las declaraciones realizadas previamente en sede policial, puesto que las personas declarantes no fueron advertidas de su derecho a no manifestarse en contra de sus familiares.

DUDAS SOBRE EL TESTIMONIO DEL VIGILANTE
Por otro lado, el abogado de los tres acusados restantes ha pedido la libre absolución de sus patrocinados, ya que no hubo más disparos que los registrados inicialmente, relacionados con otros dos acusados, y los propios perjudicados aseguraron durante su intervención en la vista oral que éstos "no portaban armas".

También ha puesto en duda la declaración del vigilante de seguridad durante el juicio, que aseguró haber sido encañonado y amenazado por uno de los acusados mientras que una gran parte de los testigos no reconoció haber presenciado este hecho.

Por ello, pide de forma subsidiaria para este imputado que se contemple por sus acciones un delito leve de amenazas y no un atentando a personal de seguridad privada. Finalmente, todos los acusados han utilizado su turno de palabra final para pedir perdón por lo ocurrido.

Uno de ellos ha reconocido ser "el único responsable" y ha asegurado que "nunca" quiso "matar a nadie", mientras que otros cuatro se han declarado inocentes. Así las cosas, el juicio ha quedado visto para sentencia.