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Los trabajadores de A Coruña piden un "Gobierno valiente" que evite el cierre de la factoría

Los trabajadores de Alcoa, que durante este miércoles han estado presentes en la sesión plenaria del Parlamento de Galicia en la que se ha aprobado una proposición no de ley unánime que recoge sus principales reclamaciones, han pedido un "Gobierno valiente" que evite el cierre de la factoría y la destrucción de cerca de 369 empleos directos.

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Los trabajadores de Alcoa, que durante este miércoles han estado presentes en la sesión plenaria del Parlamento de Galicia en la que se ha aprobado una proposición no de ley unánime que recoge sus principales reclamaciones, han pedido un "Gobierno valiente" que evite el cierre de la factoría y la destrucción de cerca de 369 empleos directos.

Al término de la sesión plenaria, Miguel Conde, representante de Comisiones Obreras, ha reiterado, en declaraciones a Europa Press, su demanda al Gobierno de que rechace el Expediente de Regulación de Empleo extintivo, al entender que se trata de "un proceso ilegal" en el que no se han cumplido "ni plazos ni procesos".

Conde ha remarcado que, cuando "apenas quedan 14 días" para que concluya el proceso, desde el ámbito laboral se insiste en reclamar la "continuidad de la planta", al entender que es "rentable" y se exige que si la multinacional norteamericana no quiere continuar con la actividad de las factorías de A Coruña y Avilés procesa a su venta.

En todo caso, ha demandado valentía al Ejecutivo central de Pedro Sánchez, para que se plantee asumir la gestión de las plantas de Alcoa amenazas de cierre, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

"Necesitamos un Gobierno valiente, bien a través de la SEPI o aplicando el artículo 128 punto 2 de la Constitución y no permitiendo a esta gente expoliar el mercado en España", ha concluido. Ha hecho referencia así a un artículo de la Constitución que establece que se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica y que mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.

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