#Claves de la semana

Calviño defiende la gestión del Gobierno ante el anuncio de cierre de plantas

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha defendido la gestión llevada a cabo por el Gobierno ante los anuncios de inminente cierre de fábricas en España de algunas internacionales como Alcoa y Vestas, que han puesto cientos de puestos de trabajo en peligro, además de incertidumbre en todo el negocio derivado de su actividad en algunas zonas del país.

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La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha defendido la gestión llevada a cabo por el Gobierno ante los anuncios de inminente cierre de fábricas en España de algunas internacionales como Alcoa y Vestas, que han puesto cientos de puestos de trabajo en peligro, además de incertidumbre en todo el negocio derivado de su actividad en algunas zonas del país.

En su intervención en el pleno del Senado de este martes, Calviño ha respaldado la actividad de su compañera y ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, por "dar la cara" y hablar con todos los agentes involucrados "para buscar soluciones y proteger a los más vulnerables y garantizar un trabajo digno".

Sin embargo, en su pregunta, la senadora de Podemos María Pilar Garrido ha recordado unas declaraciones hechas por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en las que rechazaba la posibilidad de intervenir Alcoa porque España no tiene "un sistema comunista".

Garrido ha defendido que la intervención del Gobierno sobre empresas está recogida en el Artículo 128 de la Constitución Española y que, como dicho texto no es "comunista", ha atribuido a "pura ignorancia" las declaraciones de la ministra de Trabajo.

"España necesita un Gobierno que defienda a la gente; hay empresas que reciben millones de euros en ayudas públicas y luego deciden abandonar a las familias y a los trabajadores; reconocer la iniciativa pública no es ser comunista", ha subrayado Garrido, al mismo tiempo que ha pedido a la ministra que rectifique y pida disculpas.

Pero Calviño se ha limitado a decir que considera que dicho artículo de la Constitución es un texto democrático pero que hay que actuar con "proporcionalidad", de forma que se salvaguarde el buen funcionamiento del mercado y la competencia, a la vez que la protección de los más vulnerados.

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