El Parlamento rechaza con los votos del PP modificar la Ley de Puertos por "coartar" las competencias de la Xunta

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Los populares se oponen a admitir a trámite una proposición de ley del PSdeG sobre fomento de la responsabilidad social empresarial en la comunidad

El Parlamento de Galicia ha rechazado con los votos en contra del PPdeG la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el BNG para la modificación de una serie de puntos de la Ley de Puertos relativa a la supresión de las tasas que Portos cobra por el uso de sus instalaciones, la cesión de estos terrenos sin uso portuario a los ayuntamientos y la creación de un órgano de colaboración entre los municipios y la Administración de los puertos.

La propuesta ha sido debatida en el arranque del Pleno de la Cámara gallega que se ha iniciado este martes. La diputada popular Teresa Egerique ha justificado el rechazo de su formación a la proposición debido a que entienden que supone "coartar" la capacidad de gestión de la Xunta como titular de Portos de Galicia en favor de los administraciones locales.

En palabras de Egerique, portavoz de Mar del Grupo Popular, el BNG pretende "hacer política municipal" desde el Parlamento "modificando leyes autonómicas" para la eliminación de unas tasas "que se cobraban también durante el bipartito".

En este sentido, ha censurado la propuesta de los nacionalistas por pretender "usurpar" una competencia autonómica "para dársela a los ayuntamientos" y crear "nuevos chiringuitos, que es lo que le gusta al BNG", en referencia a la creación de un organismo de colaboración entre Portos y los municipios que, según Egerique, ya existe en la práctica con una mesa en la que participa la Fegamp.

Durante la defensa de la propuesta para la toma en consideración del texto legislativo, la diputada del BNG Montse Prado ha esgrimido que "ayuntamientos de todos los colores políticos piden cambios" para que las organizaciones sin ánimo de lucro se beneficien de la exención de tasas a la hora de organizar eventos en las instalaciones de los puertos, donde existen terrenos "sin uso pesquero" que deben ser "desafectados" para la organización de estas actividades.

Según Prado, el Gobierno gallego "perdió la oportunidad de corregir" estas situaciones durante la aprobación de la Ley de Puertos (que recibió el visto bueno del Parlamento de Galicia hace un año), lo que le ha llevado a asegurar que la Xunta emplea Portos "como caja registradora" con el fin de "recaudar".

Esta línea también ha sido defendida por los otros grupos de la oposición. La diputada de En Marea Julia Torregrosa ha calificado de "despropósito" la citada Ley de Puertos debido a su "evidente carácter economicista" a través de una normativa que "dificulta la autorización de eventos culturales y deportivos".

La socialista Dolores Toja ha puesto como ejemplo del afán "recaudatorio" de la Xunta en los terrenos de los puertos "los 9.000 euros por cuatro días" que debe pagar el Ayuntamiento de Burela (Lugo) para la celebración de sus fiestas en esas instalaciones que, con carácter general, suponen "en muchas ocasiones" los únicos espacios de los disponen las entidades locales para celebrar actividades.

LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
A continuación, la Cámara ha debatido la propuesta de toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para el fomento de la responsabilidad social en Galicia, que planteaba la creación de un marco autonómico en base a "cuatro pilares": empleo "de calidad", cláusulas sociales, protección del medio ambiente y medidas de buen gobierno.

La encargada de defender el texto legislativo, rechazado por los votos de los diputados del PPdeG, ha sido la parlamentaria Begoña Rodríguez Rumbo, que ha subrayado la necesidad de que la Administración autonómica "debe impulsar" la contratación pública responsable a través de la implementación de "cláusulas de responsabilidad social".

Por su parte, Paula Prado (PPdeG) ha censurado que "la sensibilidad sobre la responsabilidad social les venga de golpe", en referencia a la oposición, y ha abogado por no interferir en las prácticas empresariales, ya que entiende que la puesta en marcha de estas prácticas son "voluntarias" y, por lo tanto, la administración debe abstenerse de regularlas por ley.

"No es adecuado regular mediante ley algo que es voluntario, como la integración en la organización y en la actividad empresarial de las preocupaciones sociales y ambientales", ha apuntado la viceportavoz parlamentaria del Grupo Popular.

Asimismo, ha defendido que la Xunta ya ha dado "pasos" en esta dirección, como la Ley gallega de racionalización del sector público, que establece la posibilidad de que la Administración autonómica incluya "cláusulas sociales" en sus procedimientos de contratación. "No es la primera vez que debatimos y legislamos en este Parlamento sobre la responsabilidad social", ha remarcado.

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