Fiscalía demanda a Audasa por cobrar el peaje íntegro de la AP-9 pese al deficiente servicio durante las obras

Reclama la devolución de los importes e indemnizaciones para conductores y pasajeros atrapados en los atascos

La Fiscalía de Pontevedra ha presentado en el juzgado de lo Mercantil de esta ciudad una demanda de juicio ordinario contra la concesionaria de la AP-9, Audasa, en ejercicio de acción colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios, por lo que considera prácticas "abusivas" de la empresa, que cobró los peajes íntegros pese al deficiente servicio que estaba prestando durante los "al menos tres años" que duraron las obras de ampliación del vial en el entorno del puente de Rande.

El ministerio público recuerda que, en este período, el tráfico en el puente se vio "permanentemente afectado" en el puente, debido a la reducción de carriles y la reducción de los límites de velocidad, con los consiguientes perjuicios a los usuarios, que perdieron tiempo en sus desplazamientos y se vieron atrapados en colapsos en numerosas ocasiones.

"Todos los usuarios se vieron afectados, en cuanto recibieron un servicio de la autopista con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad", ha apostillado el Fiscal, que ha incidido en que pese a esta circunstancia, "no sólo se ha mantenido el cobro íntegro del peaje en todo momento, sino que se incrementó a partir del 1 de enero de 2018", tras una inauguración de las obras (el 30 de diciembre de 2017) "aun cuando se continuaron realizando trabajos similares en la calzada con posterioridad a esa fecha".

Así, entiende que la concesionaria cobró unos peajes por unos servicios deficientes y ve "abusiva" la práctica de cobrar la tasa íntegra, la misma que si la autopista tuviera unas condiciones normales de circulación.

Además, incide, "no puede perderse de vista que, cuando existe un atasco en la autopista, el mantenimiento del cobro del peaje supone un notable incremento del retraso ya acumulado, dada la necesidad de efectuar individualmente el cobro a todos los vehículos acumulados".

Por ello, reclama que se dicte sentencia en la que se declare la nulidad de ese cobro y se inste a Audasa a cesar en dicha práctica en lo sucesivo, "en cualquier autopista que gestione en España", elaborando, en el plazo de un mes, un criterio de eliminación del precio del peaje en los casos de insuficiente fluidez del tráfico.

USUARIOS AFECTADOS
Con respecto a los usuarios, la Fiscalía admite que no se conoce la totalidad de consumidores afectados, por lo que pide que la sentencia se extienda a todos aquellos que acrediten haberse encontrado esa circunstancia. En todo caso, señala que, en ese período de algo más de 3 años, la propia Audasa reconoce "unos 77 millones de tránsitos, y la recaudación por peajes correspondiente a vehículos ligeros ascendió a unos 90 millones de euros".

En su demanda, el ministerio público insta a que se condene a Audasa a reintegrar a los usuarios (excluidos los conductores profesionales y titulares de empresas de transporte de mercancías o pasajeros) el importe de los peajes entre los días 27 de febrero de 2015 y 1 de junio de 2018, con los intereses legales.

Asimismo, reclama que Audasa indemnice a "todos los usuarios (conductores y pasajeros)", excluyendo a los profesionales, que acrediten haberse visto atrapado en alguno de los atascos que implicaron retenciones superiores a diez minutos, mediante la aportación del tíquet del peaje "o a través de cualquier otra prueba".

Por último, además de la publicación del fallo en un plazo de quince días desde la notificación de la sentencia, se solicita que se condene en costas a la demandada.